LOS NOMBRAMIENTOS DISCRECIONALES Y LA ASOCIACIÓN FRANCISCO DE VITORIA
La Plataforma se congratula de la propuesta de la asociación judicial Francisco de Vitoria relativa a la reforma del Reglamento 1/2010 del CGPJ según la cual los candidatos a la presidencia de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia deban contar con el previo aval de los jueces del territorio donde vayan a ejercitar su mandato.
Sin embargo, con ser un paso adelante encomiable, deja sin resolver otros puntos del mismo Reglamento que han favorecido la permanente politización del gobierno judicial español. Más aun, que han sido causa de escándalo dentro y fuera de la carrera judicial, como se ha evidenciado con ocasión de los últimos nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo.
Los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial no permiten disipar la sospecha de que los candidatos sean elegidos por motivos ideológicos, de amistad, o de lealtad a un partido. Así lo ha venido denunciando la Plataforma desde 2011, incluso ante las Naciones Unidas.
Para solucionar este grave problema que puede generar corrupción, como indica el último informe GRECO publicado el 3 de enero de 2018, la Plataforma ya publicó en julio del año 2016 ocho bases para la reforma de ese Reglamento que recibieron el apoyo de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Dos de ellas, al menos, no precisarían más reforma que la modificación del citado Reglamento por el CGPJ, sin necesidad de la intervención del ejecutivo ni del Parlamento.
En síntesis:
Base cuarta: Baremación de los méritos de los candidatos con criterios objetivos, al menos en un 75 %.
Base octava: Cláusula de abstención de los vocales cuando se trata de decidir sobre el nombramiento de un candidato que pertenezca a su misma asociación.
La Plataforma hizo llegar estas propuestas tanto al Consejo General del Poder Judicial, como al Ministerio de Justicia como a las asociaciones judiciales; sin embargo, y con la única excepción de Foro Judicial Independiente, que expresó su apoyo, no ha obtenido respuesta oficial.
¿Hasta cuándo?
Haciendo nuestra la esperanzadora propuesta de la AFV, pero yendo más allá, la Plataforma reivindica ahora sus bases al tiempo que pide a todas y cada una de las asociaciones judiciales que las hagan propias o las mejoren a fin de profundizar en la transparencia y en el respeto al principio “un juez/un voto”.
ANEXOS
Enlace al texto íntegro de las bases:
Apoyo de la Federación Interamericana de Abogados:
Denuncia a Naciones Unidas:
http://plataformaindependenciajudicial.es/2016/01/14/tercera-denuncia-a-naciones-unidas/
TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- como institución que tiene asignada constitucionalmente la facultad del nombramiento de altos cargos judiciales en el Reino de España- viene ejerciendo dicha función de una manera que ha merecido críticas de amplios sectores, tanto dentro como fuera del ámbito jurídico. Y ello porque existe la duda de que haya incurrido en discriminación por motivos de ideología política entre los candidatos.
Así, son muchas las voces que denuncian que dicho órgano no atiende únicamente a los principios de mérito y de capacidad de los aspirantes, sino que tiene en consideración su posicionamiento político o afinidad ideológica, si bien no refleja tales motivos en la fundamentación jurídica de sus decisiones. Así ha sido denunciado ante Naciones Unidas por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial en enero de este año 2016 (http://pcij.es/tercera-denuncia-a-naciones-unidas/).
El Consejo General del Poder Judicial efectúa los referidos nombramientos con arreglo a un Reglamento interno 1/2010 que se ha revelado como un instrumento inútil para disipar las dudas antes expresadas, pues resulta en exceso vago y desprovisto del suficiente rigor para efectuar un control efectivo de las eventuales desviaciones de poder en que incurriere el mencionado Consejo.
Por tanto, proponemos las siguientes bases para la reforma del citado Reglamento.
PRIMERA. Los altos cargos judiciales cuya función sea esencialmente gubernativa (como presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia o Audiencias Provinciales) serán elegidos mediante el principio “un juez/un voto” (sufragio universal, libre, igual, directo y secreto) por y entre todos los jueces destinados en el ámbito del territorio sobre el que hayan de ejercer su mandato.
SEGUNDO. Los altos cargos judiciales cuya función sea esencialmente jurisdiccional serán elegidos por el Consejo General del Poder Judicial conforme a los principios de mérito y capacidad que se valorarán por procedimientos objetivos. En supuestos excepcionales, se acudirá como último recurso al sorteo como procedimiento final y complementario de decisión. Serán excluidos expresamente como criterios de valoración el posicionamiento político o la afinidad ideológica de los candidatos.
TERCERA. El Consejo General del Poder Judicial convocará elecciones para la elección de los altos cargos judiciales de contenido esencialmente gubernativo entre los jueces destinados sobre el territorio en que hayan de ejercer su mandato y, una vez conocido el resultado de los sufragios, nombrará sin margen de discreción alguna a aquellos que hubieren recibido el mayor número de votos.
CUARTA. El margen de apreciación discrecional del Consejo General del Poder Judicial, aunque no será eliminado, sí que será reducido mediante la objetivación de los méritos de los candidatos en virtud del establecimiento de procedimientos de baremación y prelación normativamente prefijados en el propio Reglamento. La antiguedad tendrá un valor superior a los demás méritos y no podrá ser inferior al cincuenta por ciento del total. El tiempo de servicio en la jurisdicción de que se trate o en su caso especialización no podrá ser inferior al veinticinco. El porcentaje restante incluirá el resto de méritos invocados.
QUINTA. En ningún caso se someterán los nombramientos a condición de informe favorable de los superiores del peticionario ni a ponderación estadística de la calidad de sus resoluciones basada en la proporción en que sean revocadas o confirmadas.
SEXTA. Se extremará el deber de motivación de los nombramientos, de modo que queden trasparentes los criterios y razones de la elección, así como los de preterición de los candidatos concurrentes que no fueren nombrados. No serán admisibles las motivaciones genéricas o la valoración conjunta de los méritos. La futura regulación será singularmente estricta a la hora de proscribir cualquier duda de que hayan sido tenidas en cuenta para la decisión circunstancias que no se reflejen en el texto de la resolución.
SÉPTIMA. Tendrán legitimación para recurrir los nombramientos tanto los concursantes preteridos como las asociaciones judiciales, así como una pluralidad de jueces que reúna un determinado porcentaje de miembros de la carrera judicial.
OCTAVA. No podrán presentarse a cargos de nombramiento discrecional quienes hayan desempeñado cargos directivos en asociaciones con representación en el CGPJ, durante los últimos cuatro años anteriores a la fecha de la convocatoria.
Los vocales tendrán la obligación de abstenerse cuando se trate de decidir sobre un nombramiento discrecional en el que participe como solicitante de la plaza un miembro de su asociación.