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LA PLATAFORMA CIVICA POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL ANTE LAS OMISIONES DEL CGPJ MANIFIESTA :

• Este verano varios responsables políticos, entre ellos la Presidenta de la CA de Andalucia y el Presidente de Gobierno han realizado declaraciones públicas manifestando su apoyo y comprensión hacia la Sra Juana Rivas, investigada como autora de un delito de substracción de menores, que se mantuvo en situación de paradero desconocido ella y sus dos hijos durante veinte días. Todos los jueces que han intervenido en el caso han sido objeto de intolerables presiones políticas y mediáticas sin que el CGPJ haya intervenido en defensa de la independencia de estos jueces. Han tenido que ser las asociaciones de jueces y fiscales las que asuman su defensa e incluso la propia magistrada afectada, la que se ha visto obligada a explicar el caso ante los medios de comunicación.
• Igualmente esta semana se han aprobado en el Parlament de Cataluña dos leyes que, aunque inmediatamente suspendidas por el Tribunal Constitucional, implican la desaparición del Poder Judicial en Cataluña. Los responsables políticos catalanes no cesan en su actitud de desobedecer y cuestionar públicamente la actuación de jueces y fiscales en Cataluña. Tampoco en este caso, pese a la gravedad de la situación, el CGPJ ha considerado oportuno hacer manifestación alguna en defensa del Poder judicial.
• La misión fundamental del CGPJ es defender a los jueces ante los ataques que sufran en el ejercicio de su función. El CGPJ , sin embargo, debido a su origen político, es incapaz de cumplir dignamente esta función, lo que evidencia la inutilidad y fracaso de este modelo que debe ser suprimido cuanto antes para ser reemplazado por otro órgano de gobierno que, ajustándose a los principios internacionales reconocidos por organismos como el Consejo de Europa, sea substancialmente elegido por los propios integrantes del Poder Judicial conforme a la regla “un juez, un voto”.
• Es preciso recordar que el Poder Judicial es imprescindible en un Estado de Derecho, actúa con sumisión a la ley y plena imparcialidad  , lo que implica la neutralidad de los jueces respecto de las personas afectadas por  la jurisdicción. No hay democracia si la acción política de las personas que encarnan la soberanía popular, no está sometida al control del Poder Judicial.