“Os tengo rodeados”: el escándalo Ruiz de Lara o la tentación autoritaria.

A continuación se transcribe un artículo escrito por Antonio García Noriega, abogado y miembro de la Junta Directiva de la Plataforma.

 

“Os tengo rodeados” (el escándalo Ruiz de Lara, o la tentación autoritaria)

Un chiste gráfico del tardofranquismo representa a un vaquero que, en medio de una nutrida masa de indios hostiles, los amenaza: “¡Os tengo rodeados!” El Régimen no se dio por aludido y se extinguió sin llegar a comprender que hubieran salido tantos indios y quién rodeaba a quién. Tan pagados de sí mismos sus dirigentes, no concebían que sus excesos, su prepotencia, su falta de dignidad, tuvieran harta a una población que ellos creían representada en los leales asistentes a la Plaza de Oriente.

Bueno, pues no aprenden. No digo que sean los mismos, sino que se comportan como ellos. Me refiero a los ilustres miembros del Consejo General del Poder Judicial o a quienes, de entre ellos, han promovido las ya famosas diligencias informativas reservadas (espionaje, llamemos a las cosas por su nombre) al magistrado Manuel Ruiz de Lara. Se ha repetido hasta la saciedad, estos días, la notoria ilegalidad de las mismas. Ni siquiera importa aquí ese particular. Bastan la impresentabilidad que supone esa clase de actuaciones (vigilar a un ciudadano, sea o no funcionario, fuera del ámbito penal, prolongando meses una investigación secreta) en un Estado cuyas Administraciones públicas se han de regir (Lex dicet) por los principios de objetividad y de servicio a los ciudadanos; la iniquidad que significa saltarse las propias competencias para investigar desde un órgano lo que ese órgano no puede investigar, porque fiscaliza el ejercicio de un derecho constitucional, el de asociación. El de los ciudadanos particulares cuya identidad ha solicitado el CGPJ como integrantes de una asociación civil que no es una asociación judicial y, por tanto, no es pesquisable por él. ¿Estamos ante un delito contra el ejercicio de los derechos constitucionales, cometido por funcionarios? Será cuestión de estudiarlo detenidamente, pero ni siquiera me importa por ahora.

Lo que me interesa, lo que me preocupa, es que el caso Ruiz de Lara –el escándalo Ruiz de Lara- evidencia que el actual CGPJ no se ha enterado de que su problema no estriba en que le haya brotado el forúnculo de una sola asociación crítica, sino en que son muchos los grupos que se le están levantando contra unas conductas impresentables. Quizás, el actual Consejo no sea peor que sus predecesores (lo que no es necesariamente un piropo) pero está evidenciando que es el más torpe. Porque los demás asumieron que la crítica puede gustar o no, pero no se puede reprimir. Que el intentar perseguir la discrepancia, cuando ésta tiene sobrada justificación, es como recoger el agua del mar del ejemplo agustiniano. ¿A estas alturas, quieren asustar? ¿A quién? ¿A cuántas asociaciones, foros, grupos, chats, blogs, nacidos del hartazgo por lo que hace y cómo lo hace el Consejo? ¿A la opinión pública que –por fin- está empezando a distinguir que la politización de la Justicia no significa contaminación de los jueces de base, sino politiqueo desde la cúpula judicial y sus órganos rectores? ¿Van a presionar para conseguir que cesen las acusaciones de que presionan? ¿Pretenden amedrentar para demostrar que no amedrentan?

Me cuesta pensar que el caso Ruiz de Lara, supuestamente basado en que no creen que este admirable magistrado ponga de su dinero, en vez de recibirlo, por ayudar a unos jóvenes a que desarrollen sus capacidades intelectuales, sea un constructo con fines ortodoxos. Porque no entiendo que alguien ignore lo que es el mecenazgo, el altruismo, aunque no lo practique. Claro que, quizás, haya que contextualizar esa carencia en las malas costumbres del CGPJ, uno de cuyos Presidentes afirmó –el 20 de junio de 2012, durante la crisis económica más grave que recuerdan los tiempos modernos- que ¡El Presidente del Tribunal Supremo! ¡Se lo imaginan ahí, en turista! Pues yo voy en turista porque no puedo ir en ‘business’ (vide El País, 21-VI-2012). Quizás, haya que asumir que, en ese ambiente, no se entienda la filantropía.

En fin, que el CGPJ (o, si se quiere, las personas concretas que, en su seno, están demostrando su nulidad táctica) nos tiene rodeados. A todos. A los que sabíamos cómo actúan y lo decimos. A los que no lo sabían y se van enterando. A quienes creían que España se rige por una separación de poderes efectiva. A quienes queremos que se rija por ella, porque es lo que determina la Constitución. A quienes se sorprenden por que los jueces puedan ser nombrados y cesados por criterios distintos del puro mérito y capacidad. A quienes pedimos que se derogue de una vez el tinglado normativo que permite la contaminación política de la Justicia, en vez de seguir pudriéndola con un Derecho cada vez menos presentable. A quienes claman por la independencia de los fiscales.

El problema de los autores de esas torpezas (quienes las promueven, quienes las ejecutan y quienes las consienten desde sus escaños dóciles en el Consejo) no es de inteligencia emocional menguada (que también) ni de sentido estratégico poco político (que también). El problema reside en su instinto autoritario, que les impide asumir la crítica abierta y transparente y por el que creen que la solución contra las denuncias de irregularidad no es dejar de ser irregulares, sino matar al mensajero y huir hacia delante, que es lo que están haciendo. El instinto autoritario que les ciega el sentido del ridículo y que los incapacita para percatarse (enterarse sería un término demasiado generoso para el caso) de que los tiempos han cambiado. De que, ya, ni los jueces ni los demás vamos a aguantar –vamos a aguantarles- más, porque han rebasado casi todas las rayas. De que no es tiempo de (intentar) reprimir sino de corregir vicios. Y de que eso, y el diálogo desde la honestidad de todos, serán las vías para que no les echemos en cara lo que hacen mal. Que se lo echemos en cara todos. La Plataforma, y los demás. Porque, si ni siquiera se han dado cuenta de la extensión de la protesta que quieren amordazar, es que no están a la altura de los sueldos que nos cuestan.

Nos tiene rodeados. Qué ingenuidad, qué nerviosismo más absurdamente desperdiciado.

 

Antonio García Noriega

Abogado

 

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