Comunicado de la Plataforma sobre las recientes declaraciones del Ministro sobre el caso “Púnica”

La Plataforma considera especialmente preocupantes las palabras del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, pronunciadas el pasado 16 de febrero de este año 2017 en una entrevista radiofónica, relativas a la instrucción del caso “Púnica”, donde está siendo investigado el Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Recordemos que la Fiscalía Anticorrupción ordenó a las dos fiscales encargadas del asunto que se abstuvieran de actuar y que se opusieran a la tramitación del procedimiento contra Sánchez, requerimiento éste último que rechazaron. La reacción del señor Ministro ha sido la de calificar de “anómalo “ su comportamiento, al tiempo que afirmaba ponerse “al lado de sus jefes”, todo ello pronunciándose sobre el fondo del asunto.

En consecuencia, la Plataforma manifiesta que:

– El Ministro de Justicia no debe pronunciarse jamás sobre el criterio que adopte la Fiscalía en ninguna actuación judicial. Mucho menos cuando la actuación afecte a un político que pertenezca a su partido.

– El Ministro de Justicia carece de legitimidad para criticar la conducta de las fiscales disconformes, máxime cuando la discrepancia está prevista en el propio EOMF (Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal), por lo que no es más que el ejercicio de un derecho reconocido a todos los integrantes del Ministerio Público.

– El Ministro de Justicia no puede, con arreglo a la Ley, interferir en ningún asunto atinente al funcionamiento interno de la Fiscalía.

La Plataforma expresa su inquietud ante la opinión del señor Ministro, sobre todo en un momento en que el Ejecutivo ha anunciado el proyecto de atribuir la investigación de las causas criminales al Ministerio Fiscal, pues revela que la política está dispuesta a intervenir cuando sus intereses estén en juego.

La Plataforma, por otro lado, encuentra igualmente alarmante que el Ministro justifique el acceso que ha tenido el aforado investigado a los informes internos de la Fiscalía, a pesar de no estar personado en la causa.

La Plataforma exige una vez más que la futura regulación de la investigación criminal se aborde partiendo del principio básico de que el investigador ha de gozar del estatus de absoluta independencia e imparcialidad que en la actualidad tiene el juez instructor.