Difícil es poner de acuerdo a los jueces españoles, siendo como somos un colectivo muy fragmentado. Diríase que el manido estereotipo del español anarquizante, individualista hasta la caricatura, se cumple entre nosotros, los ciudadanos togados de este país. Nos cuesta muchísimo trabajo concertarnos. Aun así, a principios de este mes de noviembre de 2015, las cuatro asociaciones judiciales coincidieron en criticar el programa electoral del partido “Ciudadanos”. Ciertamente, no en unos términos dóciles, dado que no vacilaron en motejarlo de “absurdo” o “regresión”. ¿A santo de qué tanta saña?

La causa no era otra que la propuesta que hacía dicha formación política (apoyada por cuatro prestigiosos catedráticos) de suprimir el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de nuestra judicatura. Pretende, según anuncia, reemplazarlo por un “presidente” (designado por una mayoría parlamentaria de dos tercios) y por dos “adjuntos” (elegidos democráticamente entre la magistratura). De entrada, cabría pensar que la iniciativa complacería a los sectores judiciales más reivindicativos, que llevan años dirigiendo sus invectivas contra un Consejo al que tachan de politizado, de ser un títere de la oligarquía partidista. Pero, curiosamente, el efecto ha sido el contrario. Paradojas de la vida. Parece que no se sabe cómo contentar a sus señorías.

Para descifrar este aparente enigma hay que hacer repasar la historia. España ha cambiado mucho desde la Transición. Junto a los partidos tradicionales emergen grupos alternativos que cuestionan el bipartidismo, cuando no el mismo ordenamiento constitucional. Son las formaciones más conservadoras las que se inclinan a favor de que los jueces elijan a los miembros del Consejo. Así, el Partido Popular, principal partido del centro-derecha, incluye en la última versión de su programa electoral: “promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías” (sic). Por su parte Vox, partido emergente próximo en el espectro ideológico, se atreve con una receta pareja, si bien constituyendo un cuerpo electoral que no sólo incluiría a los magistrados, sino también a fiscales, secretarios, funcionarios y demás integrantes de la Administración de Justicia.

Pues bien, cuando el mencionado partido alcanzó el gobierno de la nación (con mayoría absoluta, tengámoslo presente) se olvidó de sus promesas. Pergeñó una componenda híbrida que, a fin de cuentas, venía perpetuar el control de la clase política. Sentó muy mal entre la magistratura. Muchos jueces calificaron el nuevo sistema de “farsa electoral” e incluso llegaron a celebrar unas elecciones alternativas que gozaron de un insospechado éxito.

La izquierda, por su parte, había mostrado tradicionalmente una preferencia por el origen parlamentario del gobierno judicial. Con todo, el escandaloso resultado del sistema actual parece haberles hecho reconsiderar su postura. Aunque el borrador del programa electoral del PSOE no ofrezca una respuesta clara sobre este tema, algunas declaraciones de su Secretario General, Pedro Sánchez, dan a entender que las cosas van a cambiar. Si no para democratizar la carrera judicial, al menos sí para abrir algo la mano y permitirles a los jueces un cierto grado de participación. En la misma línea, la asociación “Jueces para la Democracia”, referente progresista dentro de la judicatura, ha terminado aproximándose a la idea de devolver a sus compañeros  la capacidad de autogobierno. Es un paso sin precedentes.

Pero el plato fuerte es el partido “Podemos”, que ha irrumpido con fuerza descomunal, desbancando a los excomunistas de “Izquierda Unida” y aspirando incluso a fagocitar al mismísimo PSOE. Su propuesta es la más radical: que los vocales del Consejo sean elegidos directamente por votación popular. Estocada en la más genuina herencia revolucionaria. Justicia de masas.

En este agitado escenario debuta el partido “Ciudadanos”, movimiento centrista muy difícil de encasillar ideológicamente y que, según algunos politólogos, está erosionando la base electoral del mismísimo Partido Popular. Mucha era la curiosidad que entre los jueces despertó la incógnita de su futuro programa electoral. Ya sabemos, empero, cuánta ha sido la decepción.

En realidad, “Ciudadanos” se acerca a una fórmula mixta, vagamente reminiscente del primer modelo puesto en práctica por la ley orgánica de 1980. Intuye que esa es la solución mejor. Pero no atina a materializarla. Con todo el respeto que me merecen los catedráticos, de cuya ciencia bebemos gustosos los jueces, su distanciamiento de la realidad asusta. Es un brindis al sol. Y muy peligroso.

Concentrar el grueso del gobierno del Poder Judicial en una sola persona (sin perjuicio de sus decorativos adláteres) abre las puertas a la dictadura judicial. En la actualidad el CGPJ no sólo detenta competencias en materia de “política judicial”, sino que decide en áreas tan cruciales como la inspección de los tribunales, el régimen disciplinario, los ascensos y trasladados de nuestros magistrados o la Escuela Judicial, por citar los casos más clamorosos. Se nota que la propuesta ha sido parida por mentes muy alejadas de la vida cotidiana de nuestros juzgados, que ni se imaginan cuán intimidatoria es una llamada telefónica proveniente de alguno de los vocales (por ínfimo que sea pedigrí) a cualquier juzgado de nuestra geografía. El potencial amenazador es inmenso. Y eso en la actualidad, sin necesidad de ninguna reforma. Figurémonos cómo sería si algún día viese la luz semejante engendro presidencial.

Pero hay más. La ciencia política se aleja crecientemente de los modelos de poder reconcentrado. Buen ejemplo es la Fundación “Hay Derecho” que alerta, en un reciente informe presentado en el club 567, del riesgo que entrañan los llamados “alcaldes fuertes” (esos zares municipales tan característicos de la España profunda) a menudo ligados a los peores focos de corrupción local. ¿Habrá que repetir el manido tópico de que cuánto más absoluto sea el poder, más corrupto? Esperemos que no.

Lo malo es que estas reflexiones no son sólo teóricas. El actual Presidente del Consejo General del Poder Judicial alcanzó una involuntaria celebridad cuando se mostró favorable a la disciplina de los “palos y las zanahorias”, lo que amplios sectores de la carrera judicial interpretaron como una burda bravuconada. Ni que decir tiene que ni se le ocurrió disculparse. No queremos ni pensar cómo sería el panorama si llegara algún día a empuñar el cetro que le ofrece el mentado partido político. Él, u otro como él.

La moraleja es muy simple. Los políticos, políticos son. No hay que pedirle peras al olmo. Sus pronunciamientos son el resultado de delicados equilibrios, de  componendas, de sacrificios recíprocos. La sociedad civil, en cambio, con organizaciones como la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, disfruta de la libertad de decir lo que piensa, sin deseo de agradar ni temor de incomodar. Afortunadamente.

Pero, ¿y los catedráticos? Para mí ha sido una desilusión, siendo como soy un enamorado de la ciencia universitaria. Lo que más me duele es la ignorancia de quienes se supone que deberían ser fuente de sabiduría. Menos mal que siempre nos queda el consuelo de espíritus valientes como el procesalista don Andrés de la Oliva, que acaba de recordarnos en su bitácora los inquietantes antecedentes tardofranquistas de algunas modas de última hora. Todo muy triste. ¿O no? Errare humanum est. Confío en que lo yerros de hoy sean los aciertos de mañana. Ojalá.