LAZOS POR LA JUSTICIA
En defensa del Estado de Derecho y de una Justicia independiente
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, asociación libre de cualquier dependencia del poder político o económico, que aúna a jueces, conocidas personalidades del mundo jurídico y, en general, a ciudadanos de toda índole, propone a la sociedad española una respuesta ante la creciente degradación de nuestra convivencia democrática, víctima de la corrupción generalizada y de los designios de un poder político empecinado en acabar con la independencia judicial.
Esa respuesta es el Manifiesto denominado “Lazos por la Justicia”, que se ofrece para su pública firma electrónica y cuyo sentido esencial, pese a ser muchas sus sugerencias, se resume en una simple idea:
“No permitamos que el poder político corrompa la Justicia española”.
Para adherirse a esta iniciativa basta con pinchar este enlace:
Trascribimos, además, su texto íntegro:
Todo Estado de Derecho se asienta sobre las siguientes premisas básicas: división de poderes, reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos y sujeción por igual de todos, ciudadanos y poderes públicos, a la ley. Y para garantizar la plena efectividad de todo ello, las sociedades democráticas encomiendan su control a un tercer poder que, a diferencia de los dos primeros (directamente emanados de la voluntad popular), sea completamente ajeno a los naturales intereses políticos que guían la actuación de estos. A un tercer poder que, por su carácter esencialmente jurídico y su neutral composición y forma de selección, se considera idóneo para llevar a cabo tan trascendental cometido: el Poder Judicial.
De ahí que en cualquier sociedad democrática la plena independencia de los titulares del Poder Judicial, los jueces, constituya la condición sine qua non del recto ejercicio de su potestad jurisdiccional y, por ende, un valor sagrado e intangible que no solo debe quedar preservado institucionalmente sino también ardientemente defendido por todos los ciudadanos, porque sin este tercer gran pilar del Estado no hay edificio democrático que pueda mantenerse en pie ni, por tanto, libertad alguna que pueda sobrevivir. Lo aclara muy bien la Recomendación (2010) 12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa al afirmar que “la independencia de los jueces no constituye una prerrogativa o un privilegio establecido en su interés personal sino una garantía de la libertad, del respeto de los derechos humanos y de la aplicación imparcial del derecho”. Y al advertir también que “todas las medidas necesarias deben ser tomadas a fin de respetar, proteger y promover la independencia y la imparcialidad de los jueces”.
En nuestro país, sin embargo, pese a los postulados inequívocamente defensores de la independencia del Poder Judicial que contiene nuestra Constitución, se ha ido produciendo desde hace ya demasiados años un progresivo deterioro de esa independencia como consecuencia del continuo proceso de acoso y debilitamiento a la que han venido sometiéndola las sucesivas mayorías políticas que se han ido alternando en el poder. Un proceso de acoso y politización de la Justicia frente al que las reiteradas quejas y denuncias de los integrantes del Poder Judicial han resultado estériles, incluida la contundentemente formulada en el llamado Manifiesto por la Despolitización y la Independencia Judicial suscrito en 2010 por cerca de 1500 jueces.
La grave situación de acoso a la Justicia viene por tanto de muy atrás y de ella han sido fundamentalmente responsables los dos partidos políticos mayoritarios. Pero ha sido ahora, con el actual Gobierno, cuando ese cómplice proceso partidista de acoso a la independencia de la Justicia ha adquirido unas dimensiones inimaginables en un sistema democrático. Porque ha sido ahora, aprovechando que la máxima preocupación de la ciudadanía y de la opinión pública se encuentra polarizada en la gravísima situación económica que padecemos y en sus trágicas consecuencias sociales, cuando por primera vez un Gobierno constitucional se ha atrevido a emprender, de la mano de su Ministro de Justicia, el más ambicioso y demoledor ataque al Poder Judicial jamás perpetrado en toda la historia de nuestra democracia. Un ataque realizado, además, en todos los frentes, a toda prisa, sin escuchar a nadie, con absoluta prepotencia y, para colmo, traicionando abiertamente su propio programa electoral. Y un ataque, en fin, que paradójicamente (o quizás no tan paradójicamente) coincide con una de las etapas históricas en que más escándalos de corrupción política están aflorando a los medios y en la que, por tanto, más vehementemente se precisa de una Justicia rabiosamente independiente y debidamente dotada para hacerles frente.
Resulta materialmente imposible en este escaso espacio poder efectuar un análisis exhaustivo y debidamente ponderado de todos los gravísimos atropellos que encierra este proceso manifiestamente inconstitucional emprendido contra la Justicia y cuyo resultado final será el material exterminio del Poder Judicial independiente que consagra nuestra Constitución. Ello, no obstante, a título meramente ilustrativo, cabe mencionar los siguientes:
1).- Desmantelamiento del órgano de gobierno de los jueces (CGPJ). En su demoledor plan, el Gobierno proyecta desmantelar por completo la configuración colegiada y protectora de la independencia judicial con que el CGPJ viene configurado en la Constitución para de este modo convertirlo en un mero apéndice del Ministerio de justicia, vaciándolo, a su vez, de las competencias más sensiblemente encaminadas hacia esa tutela. Se pretende con ello que sea el Ejecutivo el que en lo sucesivo gobierne directamente a la Justicia, sin necesidad, como hasta ahora, de tener que valerse ya de meros testaferros designados en clave partidista.
2).- Supresión de cualquier vestigio de democracia interna dentro del Poder Judicial. El Gobierno no sólo pretende incumplir su promesa electoral de que los jueces elijan a 12 de los 20 miembros del CGPJ (tal y como, por otra parte, exige la citada Recomendación 12-2010 del Consejo de Europa) sino que, además, se propone incrementar aún más el sistema de designación discrecional de todos los altos y medianos cargos judiciales, haciendo desaparecer la figura de los jueces decanos, último vestigio de la escasa democracia que aun sobrevive en el ámbito judicial.
3).- Modificación regresiva y totalitaria del estatuto de los jueces. El Gobierno proyecta un notorio debilitamiento de la independencia e inamovilidad de los jueces así como un cercenamiento prácticamente absoluto de sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación. Todo lo cual pone en evidencia que, ante la grave situación de corrupción generalizada que impregna amplios sectores políticos, el Ejecutivo no sólo quiere jueces convertidos en fungibles y dóciles funcionarios sino que también los quiere enteramente amordazados y aislados.
4).- Congelación de convocatorias para acceso a la carrera judicial y paralelo despido de más de 1000 jueces interinos. El Gobierno, no sólo no pretende aliviar la sobrecarga de asuntos incrementando la escasísima planta de jueces titulares actualmente existente (menos de la mitad de la media europea) sino que además ha aprobado ya la eliminación de un plumazo de todo ese considerable número de jueces sustitutos sin cuyo encomiable esfuerzo ha tiempo que la Justicia se habría ido a pique. Lamentablemente todos los ciudadanos sufriremos muy pronto los catastróficos resultados de esta temeraria medida.
5).- Desapoderamiento jurisdiccional en beneficio del Ejecutivo. La “molesta” instrucción de los delitos, históricamente en manos de jueces independientes y merced a la cual tantos casos de corrupción política (incluso de crímenes de Estado) han podido ser investigados y depurados, se pretende transferir al Ministerio Fiscal, sin tan siquiera modificar un ápice su actual estructuración dependiente del Gobierno.
6).- Encarecimiento de la Justicia y detrimento de la tutela judicial efectiva. El plan gubernamental pretende alcanzar también estos dos lamentables objetivos a través de un doble medio. De un lado, transfiriendo a funcionarios retribuidos por arancel todas las competencias del Registro Civil que hasta ahora de forma gratuita y eficaz viene desarrollando la Administración de Justicia. Y de otro, imponiendo tasas para el acceso a la justicia que, pese a la reciente “reforma de la reforma”, aún siguen siendo exorbitantes para los menos pudientes.
Ante esta gravísima situación en la que está en juego nada menos que la supervivencia de nuestro sistema democrático, la PLATAFORMA CÍVICA POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL (www.pcij.es), una asociación cívica y transversal integrada por jueces y ciudadanos de muy diversas profesiones y plurales tendencias, se ve en el deber ético de efectuar un nuevo llamamiento a toda la ciudadanía y medios de comunicación, en general, así como a todos los colectivos relacionados con la Justicia, en particular, para que se movilicen en defensa de la independencia judicial, que no es sino hacerlo en defensa de nuestro Estado de Derecho, de nuestra libertad y de nuestra democracia.
Y a tal fin, la PCIJ propone ahora tan solo dos sencillas medidas movilizadoras que están al alcance de todos: 1).- La suscripción individual y colectiva de este documento en defensa del Estado de Derecho y de una Justicia independiente y 2).- La permanente reivindicación simbólica de esta defensa mediante la llevanza en el pecho de un lazo rojo como los que encabezan este escrito hasta que el Gobierno se avenga a dar marcha atrás en su proyecto de demolición de la independencia judicial.
Totalmente de acuerdo.
Desde la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia, todo nuestro apoyo.
Gracias.