(Comunicado de la Plataforma, 23/09/26)
Resumen del comunicado:
Alarmantes son los ataques contra la magistrada Biedma, instructora del caso seguido contra, David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sáchez. La Plataforma hace suyo el comunicado de apoyo de las asociaciones judiciales y reclama que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de hechos tan graves.
Texto íntegro del comunicado:
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial manifiesta su más enérgica repulsa ante las informaciones y diligencias que, en las últimas semanas, han puesto de manifiesto un hostigamiento sistemático dirigido contra la magistrada Beatriz Biedma Rojano.
La magistrada, que instruyó con rigor y conforme a Derecho la causa que culminó en condena por prevaricación y tráfico de influencias contra David Sánchez Pérez-Castejón y otros, ha solicitado personarse como acusación particular en el procedimiento que tramita el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Lo hace al haber sufrido, según los indicios obrantes, actuaciones encaminadas a obtener información privada sobre su persona, su domicilio, su entorno familiar —incluidas sus hijas menores— y a contactar con clanes delictivos con el propósito de intimidarla y apartarla de la instrucción.
Estos hechos no constituyen crítica legítima a una resolución judicial. Configuran una estrategia de descrédito, vigilancia y presión que vulnera de forma frontal la independencia judicial consagrada en los artículos 117 y 122 de la Constitución Española, el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y las recomendaciones del Consejo Consultivo de Jueces Europeos.
La Plataforma expresa su pleno respaldo al comunicado conjunto emitido el 22 de septiembre de 2026 por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, que destacan la profesionalidad y el compromiso con la legalidad de la magistrada. Compartimos su diagnóstico y su llamamiento a una respuesta institucional firme.
Como ya señalamos en nuestro comunicado de 3 de junio de 2026, estos ataques no son casos aislados. Forman parte de un patrón reiterado de injerencia contra aquellos jueces que investigan presuntos delitos vinculados a altas instituciones. En un Estado de Derecho son los poderes públicos los que deben rendir cuentas ante la Justicia, y no a la inversa. Pretender someter a los instructores a vigilancia paralela, campañas de descrédito o amenazas encubiertas invierte el orden constitucional y genera un efecto intimidatorio incompatible con la igualdad ante la ley (art. 14 CE).
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial reclama de todas las instituciones —incluido el Consejo General del Poder Judicial— que extremen la protección de la magistrada y de su familia, investiguen las responsabilidades que correspondan y eviten cualquier tibieza que pueda interpretarse como tolerancia. Reiteramos nuestro llamamiento a partidos políticos, medios y sociedad civil para que respeten de forma escrupulosa los límites que separan la discrepancia democrática de la injerencia intolerable. Solo una Justicia independiente, profesional y despolitizada puede garantizar la regeneración democrática y la lucha efectiva contra la corrupción.
unicado de la Plataforma, 23/09/26)