Resumen del comunicado:
Inaceptables los ataques al poder judicial en el caso Zapatero. La reacción de algunos sectores políticos ante la imputación del expresidente del Gobierno Español, Rodríguez-Zapatero, se inscribe en un patrón de acoso institucional contra nuestros tribunales que merece la máxima repulsa. La Plataforma está atenta para denunciar cualquier atentado contra la separación de poderes.
Texto íntegro del comunicado:
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial manifiesta su más enérgica repulsa ante los nuevos ataques y descalificaciones vertidos por algunos representantes políticos contra los magistrados, fiscales y policía judicial (UDEF) que, en el legítimo ejercicio de sus funciones, instruyen las Diligencias Previas 77/2024-S en la Audiencia Nacional. Se trata del llamado caso “Zapatero”, donde está investigado, entre otros, el expresidente del gobierno español, don José Luis Rodríguez Zapatero.
Con fecha 18 de mayo de 2026, el magistrado instructor dictó auto por el que se autorizan diversas diligencias de entrada y registro en el marco de la investigación de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. Dicho auto, rigurosamente motivado y ajustado a derecho, constituye un acto propio del Poder Judicial que no admite injerencias ni descalificaciones externas.
Estos ataques se enmarcan en un patrón sistemático de politización que la Plataforma viene denunciando desde su fundación en 2010 y que, lamentablemente, se ha reiterado en los últimos meses: véase nuestro comunicado de 4 de mayo de 2026 de repulsa ante las críticas y peticiones de sanción contra el juez David Mamán, o el de 14 de abril de 2026 frente a las manifestaciones del ministro Bolaños contra el juez Peinado en el caso “Begoña” (esposa del actual Presidente del Gobierno español).
Como recordábamos hace apenas una semana con motivo de nuestro 15º Aniversario, “desde entonces hemos denunciado los ataques contra el Poder Judicial, provengan de donde provengan. Tanto con Gobiernos conservadores como progresistas, nuestra voz ha sonado con la misma fuerza”. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces y fiscales, sino una garantía constitucional (artículos 117 y 122 de la Constitución Española) al servicio de todos los ciudadanos. Pretender condicionar, intimidar o desprestigiar a los magistrados y fiscales que cumplen con su deber de investigar hechos presuntamente delictivos, sea cual sea la persona investigada, constituye una grave vulneración de la separación de poderes y un ataque directo al Estado de Derecho.
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial recuerda que la defensa de jueces, fiscales y policía judicial resulta compatible con la presunción de inocencia de todos los investigados, pues constituye una garantía básica del Estado de Derecho. La Plataforma exige, además, el respeto absoluto al trabajo de los tribunales y de la fiscalía, al tiempo que reclama a las fuerzas políticas que se abstengan de cualquier comentario o actuación que pueda menoscabar la imagen de la Justicia y reitera su compromiso inquebrantable con la despolitización del Poder Judicial.
Madrid, 20 de mayo de 2026
Plataforma Cívica por la Independencia Judicial