Resumen del comunicado
El nombramiento del Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias es un acto de corrupción jurídica. Así lo muestra el resultado unánime de la votación, fruto de un pacto donde las consideraciones políticas priman frente al mérito y la capacidad. Semejante proceder, además de ser antidemocrático, viola los principios sentados por las altas instancias europeas en materia del gobierno judicial.
Texto del comunicado
En el marco de la denuncia constante de los nombramientos ideológicos e inmotivados de jueces de las altas instancias judiciales, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial observa en el nombramiento del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias efectuado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el día 17/12/20 un acto de corrupción jurídica. El magistrado José Ramón Chaves, un aspirante preterido, ha arremetido contra el CGPJ por descartarle y los medios de comunicación se han hecho eco de una “vergonzosa arbitrariedad”.
El candidato finalmente elegido lo ha sido por consenso, lo que acarrea un burdo vicio de nulidad, pues un puesto jurisdiccional y no gubernativo como este se debe ajustar en su cobertura a las bases de la convocatoria y a la valoración objetiva de los méritos, capacidad y curriculum de los aspirantes; no a un pacto. El resultado cero a dieciocho de la votación refleja las cuotas parlamentarias de poder, pues no correspondía elegir al más capaz y con mejor mérito sino a un candidato afín a la corriente conservadora o progresista que tocaba satisfacer.
Cuando el CGPJ no elige a los mejores para las más altas instancias judiciales, sino por cuotas ideológicas, nuestro Estado no es democrático. Esto viene sucediendo desde hace muchos años en España porque, allí donde la ley dice que 20 de los 20 vocales del CGPJ son elegidos por la soberanía popular o por reflejo del pluralismo social a través del Parlamento —y algunos partidos políticos la pervierten y dirimen la elección en los despachos—, nos encontramos con la gran falacia de la democracia, pues a diferencia del Poder Legislativo y del Ejecutivo los jueces no representan ni las mayorías ni las minorías del pueblo.
Tras la preterición del mejor candidato en un nuevo nombramiento del CGPJ, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial no puede sino insistir en que la legitimidad democrática del Poder Judicial nace de que los jueces representan al Derecho y a la norma, en relación con el caso concreto que ha sido sometido a su juicio, dando a cada a uno lo suyo, y esta legitimidad también alcanza a la mitad más uno al menos de los vocales del CGPJ, según la Comisión Venecia y la Comisión Europea, quienes recuerdan a España que, para evitar la corrupción, 12 de esos 20 vocales no deben ser elegidos por el Parlamento sino por los propios jueces.