Resumen del Comunicado: Inaceptables declaraciones de Bolaños, Ministro de Justicia, relativas a las saciones a los jueces. Como ya sucedió hace 15 años con el caso Mariluz, el Poder Ejecutivo se desliza por una pendiente atentatoria de la separación de poderes y la independencia judicial, con desprecio a los principios del derecho supranacional europeo.
Texto íntegro del comunciado:
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial manifiesta su más enérgica repulsa ante las declaraciones realizadas el pasado 24 de febrero de 2026 por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en las que se lamenta de la decisión de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial de archivar los expedientes disciplinarios abiertos contra los magistrados Eloy Velasco (Audiencia Nacional) y Manuel Ruiz de Lara (Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid), ambos miembros de esta Plataforma, calificando dicha resolución de “corporativismo” e “impunidad de insultos”.
Semejante manifestaciones constituyen una intolerable intromisión del Poder Ejecutivo en el ejercicio de las funciones constitucionales que el artículo 122 de la Constitución Española atribuye en exclusiva al Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno del Poder Judicial. El ministro, en su condición de miembro del Gobierno, no debe valorar en público, lamentar o censurar las decisiones disciplinarias adoptadas por el órgano constitucionalmente encargado de velar por la independencia de los jueces y magistrados. Tal conducta vulnera de manera flagrante el principio de separación de poderes (art. 1.2 y 117 CE) y genera un efecto intimidatorio incompatible con el Estado de Derecho.
Esta Plataforma ya denunció en su comunicado de 24 de noviembre de 2025 (“Presiones intolerables al Tribunal Supremo por la condena del Fiscal General del Estado”) cómo las críticas políticas desde el Ejecutivo a resoluciones judiciales concretas suponen un ataque directo a la independencia judicial. Igualmente, en nuestras alegaciones al Informe del Estado de Derecho 2026 de la Comisión Europea (presentadas el 28 de enero de 2026), advertimos de la persistente politización y de los riesgos que conlleva cualquier presión o descalificación pública sobre los órganos de gobierno del Poder Judicial. Las declaraciones del ministro Bolaños se inscriben en esta misma línea de conducta que venimos denunciando de forma reiterada.
Más de una década y media atrás, en 2008, una entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se lamentó públicamente de que la sanción impuesta por el CGPJ al juez Rafael Tirado Márquez —titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Sevilla que instruyó el caso de la niña Mari Luz Cortés, asesinada en Huelva— fuera, a su juicio, insuficiente, llegando a calificar de “intolerable” la conducta del magistrado y anunciando que el Gobierno recurriría para obtener una sanción más grave. Aquella intromisión política desencadenó la indignación de la carrera judicial, dio lugar a numerosos manifiestos de protesta y fue uno de los detonantes del Manifiesto por la Independencia Judicial de 2010, firmado por más de 1.500 jueces y magistrados de todas las sensibilidades. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial nació precisamente para dar continuidad institucional a aquella defensa colectiva de la independencia judicial frente a cualquier forma de presión o injerencia del Poder Ejecutivo.
Hoy, en 2026, asistimos al mismo patrón: un miembro del Gobierno pretende condicionar o censurar las decisiones disciplinarias del CGPJ y descalificar públicamente a magistrados que han expresado opiniones críticas con determinadas políticas. Este comportamiento no solo es inconstitucional; es incompatible con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), de la Comisión de Venecia y de los sucesivos Informes del Estado de Derecho de la Unión Europea.
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial exige al Gobierno el inmediato cese de este tipo de declaraciones y presiones, y recuerda que la verdadera defensa de la imagen de la Justicia pasa por respetar escrupulosamente su independencia, no por someterla a la valoración política del Ejecutivo.