El acuerdo cerrado entre PP y PSOE para renovar el CGPJ, sin una reforma previa de la LOPJ, abre la puerta al reparto masivo de cargos sin la mínimas garantías de objetivación. Decepciona el desprecio a la jurisprudencia europea y al espíritu dde la sentencia 108/1986 del Tribunal Constitucional. Es más, se ha fraguado entre los partidos, al margen del parlamento, del que se espera que lo ratifique obedientemente. En suma, cotinúa la ingerencia política en el Poder Judicial, como medio de influir en la justicia.