Resumen:

Cualquier presión sobre el magistrado en el caso que la prensa vincula a la esposa del Presidente del Gobierno supone un ataque contra la independencia judicial que viola los principios internacionales en materia de justicia y nos aproxima a las prácticas propias a los Estados totalitarios.

Texto íntegro del comunicado:

Dejemos a los jueces trabajar. La apertura de diligencias previas para la comprobación de un hecho denunciado que puede revestir carácter de delito está prevista en el artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No debe verse ni calificarse como una operación de acoso y derribo contra nadie, sino como una actuación ordinaria como ocurre y ha ocurrido en tantos otros casos, sean o no de interés mediático y afecten a quien afecten.

 

El proceso seguirá su curso legal, sin que sean admisibles presiones para orientar la labor de la justicia en uno u otro sentido. A este respecto, la Plataforma advierte del riesgo de que el magistrado instructor sea sometido a una campaña de desprestigio y difamación, como ya ha sucedido en el pasado cuando determinados intereses políticos se han visto amenazados por la actuación de los tribunales. Muy preocupantes resultan las noticias de prensa en las que se ofrecen datos sobre la vida profesional y personal, no solo de dicho juez, sino la de su familia.

 

Los principios que las Naciones Unidas sentaron en el año 1985 sobre independencia judicial son claros al respecto: hay que preservar a la justicia de cualquier presión, influencia o interferencia indebida. Vengan de donde vengan:

 

The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason

 

Es más, en España estamos asistiendo a un intenso ataque al sistema institucional actual con desprecio absoluto a principios básicos como el de separación de poderes, siendo continuos los intentos de distintos grupos por desprestigiar al Poder Judicial y minar la confianza de la ciudadanía en la justicia, cuestionándose públicamente determinadas resoluciones judiciales con las que no se está conforme o que no satisfacen determinados intereses, en base a descalificaciones genéricas a los jueces y magistrados sobre su supuesta ideología o de sus familiares.

 

Ello contraviene la Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre independencia judicial, eficiencia y responsabilidad, que en su apartado 18 prevé que ”Si comentan las decisiones de los jueces, los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar críticas que puedan socavar la independencia o la confianza pública en el poder judicial. Y deben evitar acciones que puedan poner en duda su voluntad de acatar las decisiones …”.

 

Dichas críticas a las resoluciones judiciales van más allá de la mera discrepancia jurídica, totalmente respetable y posible, y suponen un ataque indiscriminado a toda la carrera judicial, lo que resulta inadmisible en un Estado Democrático de Derecho.

 

Desde Plataforma Cívica por la Independencia Judicial mostramos nuestro firme apoyo a la labor desempeñada por los jueces y magistrados, sometidos únicamente al imperio de la ley, y que no actúan siguiendo criterios de oportunidad política sino aplicando la ley a todos por igual, afecte a quien afecte, como no puede ser de otra forma en un Estado de Derecho, siendo aplicables en todo caso los principios de presunción de inocencia y todas las garantías de defensa y de un proceso justo, existiendo mecanismos dentro del proceso para recurrir las decisiones con las que no se esté conforme.

 

Asimismo, reclamamos se respete la independencia judicial y apelamos a la responsabilidad del poder político de este país para que no se deje llevar por intereses partidistas en la valoración de actuaciones judiciales o a la hora de plantear posibles reformas en el sistema judicial o procesal. 

 

Cuestionar al Poder Judicial o intentar influir sobre su funcionamiento o composición no es el camino para mantener un Estado de Derecho. Al contrario, nos sitúa al borde de una pendiente que nos desliza hacia el totalitarismo.