INFORME SOBRE LA AMNISTÍA

 

RESUMEN DEL INFORME

La proposición de la Ley de Amnistía presentada el 13 de noviembre de 2023 en el Congreso de los Diputados es inconstitucional al violar varios derechos fundamentales, entre ellos,  la tutela judicial efectiva y la igualdad. Asimismo, es contraria a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por lo que se pone en riesgo la entrega de fondos europeos al Reino de España. Igualmente, incurre en desviación de poder y nulidad como acto jurídico porque los fines expresados en su Exposición de Motivos no se corresponden con los reales, que no son otros sino los intereses coyunturales del actual Gobierno, que, a fin de ocultarlos, ha escogido como forma de iniciativa parlamentaria la proposición de ley en lugar del proyecto de ley. A este respecto, es importante destacar que la imparcialidad del Letrado Mayor de las Cortes está comprometida, pues era un alto cargo de Ejecutivo antes de tomar posición en calidad de tal. Por último, la amplitud y vaguedad del texto normativo, que afecta al terrorismo y malversación de caudales públicos, es de tanta magnitud que queda comprometida la seguridad jurídica.

 

TEXTO COMPLETO DEL INFORME

 

SUMARIO: I. CONSIDERACIONES GENERALES.- A) Naturaleza, efectos y diferencias con el indulto. B) Amnistía y Constitución. C) Amnistía y normativa europea. II. La proposición de ley orgánica de amnistía presentada el 13-11-2023 en el Congreso de los Diputados.- A) Forma de tramitarse. B) Admisión a trámite por la Mesa del Congreso y precedente. C) Justificación de la amnistía. D) Ámbito de aplicación y efectos. III. Conclusiones.

 

 

  1. CONSIDERACIONES GENERALES.-

 

  1. A) Naturaleza, efectos y diferencias con el indulto.

 

La amnistía es una figura excepcional y este carácter excepcional es el que marca su naturaleza.

 

Al igual que el indulto, la amnistía es una medida de gracia que exime de una pena, pero, mientras el indulto es un mecanismo para perdonar la pena a personas que ya han sido condenadas y el indultado no pierde su condición de condenado (con lo que, en caso de cometer nuevos delitos, sería reincidente), la amnistía es una medida que olvida el delito cometido y extingue la responsabilidad de sus autores, haya o no recaído resolución condenatoria contra ellos. La amnistía supone que no podrán iniciarse actuaciones judiciales o administrativas dirigidas a castigar los actos objeto de amnistía, que deberán dejarse sin efecto las decisiones judiciales o administrativas que ya se hubiesen dictado y que se deberá poner fin a los procedimientos judiciales o administrativos iniciados.

 

Mientras el indulto actúa sobre la pena o sanción, sin cuestionar la antijuridicidad de la acción, la amnistía supone la modificación retroactiva de la calificación jurídica de algunos actos cometidos por las personas a que se refiere, de tal manera que lo que antes era ilícito o punible, pasa a considerarse que no lo es, si bien solo para una categoría específica de actos y de personas determinadas, no con carácter general (como ocurriría en el caso de que se destipificaran ciertos tipos penales).

 

La amnistía no tiene vocación de regulación hacia el futuro, sino que se limita a ocuparse de situaciones que se produjeron en el pasado. En este sentido se conecta con el indulto, pues implica dejar sin efecto la aplicación de la ley con efectos retroactivos.

 

La dimensión penal de la amnistía no la agota, pues la amnistía puede extenderse a otras dimensiones de lo ilícito, como el administrativo, el contable, el laboral o el civil.

 

 

  1. B) Amnistía y Constitución.

 

La amnistía no aparece mencionada de manera expresa en la vigente Constitución Española de 1978, a diferencia de la Constitución de 1931, que la preveía en el art. 102 como facultad del Parlamento. Algunos consideran que, como no está expresamente prohibida por la Constitución (como ocurre con los indultos generales en el art. 62 i) CE), sería admisible desde el punto de vista constitucional; otros, consideran que el hecho de que la amnistía comparte características del indulto general e incluso tiene más amplios efectos que éste, conduce a pensar que está afectada por la prohibición de los indultos generales que prevé el art. 62 i) CE, pues si no se puede lo menos (es decir, perdonar la pena impuesta a una pluralidad de personas), no se puede lo más (es decir, olvidar el delito cometido por varias personas y eliminar todos sus efectos).

 

Esta última es la postura que se ha venido sosteniendo mayoritariamente, incluso, como es público y notorio, bastando leer la hemeroteca y ver la videoteca para confirmarlo, hasta hace pocos meses por el partido político cuyo grupo parlamentario presentó el pasado 13 de noviembre de 2023 la proposición de Ley Orgánica de amnistía. En todo momento, se negó la posibilidad de aprobar una amnistía, declarando que sería claramente inconstitucional. Así consta, por ejemplo, en los nueve informes emitidos en 2021 por el entonces Ministro de Justicia Juan Carlos Campo, cuyas propuestas de indulto a los condenados a penas de prisión en el juicio del procés fueron aprobadas por el Gobierno en el Consejo de Ministros de 22 de junio de 2021.

 

Es más, durante décadas, los partidos políticos consideraron que la amnistía estaba prohibida. Prueba de ello es que, cuando en 1995 se aprobó un nuevo Código Penal, se excluyó, de entre las causas de extinción de la responsabilidad penal, la amnistía, que sí se recogía en el Código Penal de 1973, exclusión que no suscitó ni una sola enmienda reclamando la inclusión de la amnistía entre dichas causas. Y la referencia a la amnistía en el art. 666.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, preconstitucional y sin aplicación práctica, no puede servir de argumento para sostener la constitucionalidad de dicha figura.

 

 

Tanto de la Sentencia del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2013 (recurso 13/2013, fundamento jurídico sexto), como del Auto del Tribunal Constitucional 32/1981 de 25 de marzo (recurso 224/1980, fundamento jurídico segundo) y de la Sentencia de este Tribunal 147/1986 (fundamento jurídico segundo, apartado sexto), se puede concluir una posición contraria a la constitucionalidad de una nueva ley de amnistía.

 

La regulación de la amnistía en la Constitución de 1978 fue tomada en consideración y rechazada expresamente durante el debate constituyente. Dos fueron las enmiendas presentadas al respecto: la enmienda 504 del diputado Raúl Morodo Leoncio, del Partido Socialista Popular, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto durante el debate constituyente, que tenía por objeto incluir entre las facultades de las Cortes Generales, además de ejercer la potestad legislativa y el control de la acción del Gobierno, otorgar amnistías; y la enmienda 744 del diputado César Lloréns Bargés, del Grupo Parlamentario Unión de Centro Democrático, que tenía por objeto que se previera que los indultos individuales fueran concedidos por el Rey, previo informe del Tribunal Supremo y del Fiscal del Reino, y por el procedimiento que las leyes establezcan, y que las amnistías solo pudieran ser acordadas por el Parlamento. Según las actas oficiales del debate constituyente, en la reunión del 29 de septiembre de 1977 se optó por aprobar el texto del proyecto que se refería al ejercicio del derecho de gracia (limitado a los indultos individuales) y se acordó volver a considerar el tema referente a la amnistía en segunda lectura. Esta cuestión fue tratada en la sesión de 3 de noviembre de 1977, cuando se debatían aspectos relativos al poder judicial, y tras el oportuno debate, los constituyentes acordaron no constitucionalizar la amnistía, precisamente por la injerencia inaceptable que supondría respecto a la función jurisdiccional. Así se deduce de las actas y minutas de la ponencia encargada de redactar el anteproyecto de Constitución, publicadas en la Revista de las Cortes Generales de 1984.

 

Por tanto, la amnistía no fue prevista por el poder constituyente con pleno conocimiento de causa y no cabe realizar interpretaciones para retorcer nuestra norma fundamental y dar cabida a dicha figura excepcional. Ni siquiera bajo el argumento de que la mayoría de las Cortes Generales es libre para aprobar las leyes que considere oportunas, puesto que ello obvia un principio esencial en nuestra democracia: que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, a la que están sometidos todos los poderes, incluido el Legislativo.

 

Además, hay que tener en cuenta que la Constitución prevé varios derechos y principios generales de los que pueden derivarse impedimentos o prohibiciones implícitas respecto de la amnistía.

 

Así, la amnistía resulta incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva, que recoge el art. 24 de la CE, y que se ve afectado cuando se priva a los ciudadanos de acceder a los tribunales cuando han sufrido las consecuencias de un acto que era ilícito en el momento de su comisión pero que, a consecuencia de la amnistía, no podrán obtener satisfacción ni jurídica ni económica por los daños producidos.

 

De la misma manera, con la amnistía también se ve perjudicada la seguridad jurídica (art. 9.3 de la CE), puesto que, con ella, se modifica la consecuencia jurídica de un determinado acto una vez que éste se ha realizado.

 

La amnistía también afecta a la exclusividad de los juzgados y tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional (prevista en el art. 117.3 de la CE), manifestación del principio de división de poderes, puesto que el poder legislativo, al aprobar una ley de amnistía, incidirá en la adopción de decisiones judiciales y en su ejecución.

 

Finalmente, es claro que la amnistía afecta a la igualdad de los ciudadanos prevista en el art. 14 de la CE, puesto que a unos se les borra su responsabilidad penal, administrativa o contable, mientras que a otros se les mantiene. Además, cuando la amnistía se basa en la orientación ideológica de las actuaciones a las que se refiere, introduce una evidente discriminación por razón ideológica que no podría justificarse más que asumiendo que las ideas que defienden los amnistiados son de mejor calidad que las del resto, con lo que coloca, de esta forma, en peor situación a los ciudadanos que, discrepando de la ideología de los amnistiados, han optado por ajustar su comportamiento a la ley, lo que acabaría conduciendo a desincentivar el acatamiento a las normas vigentes en cada momento.

 

Por lo expuesto, para que pudiera aprobarse una amnistía válida constitucionalmente, dicha figura tendría que autorizarse expresamente por la Constitución como excepción a los referidos derechos y principios generales, pues en otro caso sería una amnistía que vulneraría tales previsiones constitucionales.

 

Solo se podría incluir la amnistía vía reforma de la Constitución, siguiendo los cauces previstos para ello en los arts. 166 y ss de la misma, lo que supone (al tratarse de una revisión del art. 62 CE) los siguientes trámites según el art. 168: aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de Cortes, aprobación por mayoría de dos tercios de cada una de las nuevas Cámaras y sometimiento a referéndum.

 

 

  1. C) Amnistía y normativa europea.

 

La amnistía atenta directamente contra los arts. 20 y 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (relativos, respectivamente, al derecho a la igualdad ante la ley y al derecho de tutela judicial efectiva y a juez imparcial) y contra los valores europeos recogidos en los arts. 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea (democracia, igualdad, Estado de Derecho e independencia judicial).

 

Estos valores no son una mera declaración de intenciones, sino que son valores jurídicamente vinculantes y están sujetos al principio de no regresión, es decir, hay que mantenerlos por los miembros de la UE, sin que quepa admitir retrocesos en el sistema de garantías ni adoptar medidas que puedan menoscabar la independencia judicial (STJUE de 20 de abril de 2021, asunto Republika v II-Prim Ministru).

 

Si el poder legislativo puede archivar procedimientos judiciales en trámite o dejar sin efecto el cumplimiento de sentencias firmes para determinadas personas, como ocurre cuando se aprueba una amnistía, se produce una intromisión en la función jurisdiccional de juzgados y tribunales, vulnerando la separación de poderes y también el principio de igualdad, lo que permitiría el control del TJUE.

 

Además de inaplicar una ley que podría vulnerar normativa comunitaria, como medida cautelar, en los últimos años se ha abierto la posibilidad de la condicionalidad presupuestaria, es decir, condicionar la entrega de fondos europeos al respeto por el Estado receptor de los mismos de unos estándares mínimos en materia de Estado de Derecho (Reglamento UE 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020).

 

En virtud de los principios de eficacia directa y de primacía del derecho europeo sobre el nacional, así como de una reiterada y constante jurisprudencia del TJUE, los jueces españoles, como jueces también europeos, están vinculados prevalentemente al derecho europeo y a la doctrina del TJUE, como también señala el art. 4 bis de la LOPJ. Por ello, no deberán aplicar normas que se opongan al derecho de la UE.

 

 

 

  1. LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE AMNISTÍA PRESENTADA EL 13-11-2023 EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.-

 

  1. A) Forma de tramitarse.

 

Con fecha 13 de noviembre de 2023, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Congreso de los Diputados la proposición de Ley Orgánica denominada “de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”.

 

La fórmula elegida de proposición de ley presentada por un Grupo Parlamentario se debe a que, como ERC y Junts exigían que la propuesta de norma estuviera registrada en el Congreso antes de la sesión de investidura de Pedro Sánchez (prevista para el 15 de noviembre) y el Gobierno se encontraba en funciones en aquella fecha, no podía presentar proyectos de ley en el Congreso, según los límites que fija el art. 21.5 de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, del Gobierno.

 

No obstante, resulta pública y notoria la participación e involucración de miembros del Gobierno (al menos, de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Félix Bolaños) en la redacción y preparación del texto de la proposición de ley presentada, dadas las declaraciones realizadas por éstos en esos días y las reuniones mantenidas con los dirigentes independentistas que reclamaban dicha norma. A mayor abundamiento, el portavoz del grupo parlamentario, a la postre firmante de la proposición, desconocía su contenido y fecha de presentación hasta el mismo día 13 de noviembre y fue el Ministro Félix Bolaños el que anunció la presentación de la proposición ese día y se ha venido reuniendo con el Comisario europeo de Justicia Didier Reynders para defender su adecuación a la normativa europea.

 

Por otra parte, dicha fórmula resulta de tramitación más sencilla, pues un proyecto de ley presentado por el Gobierno requiere, antes de poder registrarse en el Congreso, cumplir con un proceso más laborioso y largo: redacción de un anteproyecto, sometimiento a consulta pública y a audiencia e información pública, elaboración de una memoria de impacto normativo y recabar informes de otros órganos, como el Consejo de Estado y el CGPJ. Con la proposición de ley se evitan estos trámites, que dilatarían su aprobación y permitirían conocer la opinión jurídica y fundada de diversos órganos y colectivos.

 

Dicho fraude en la tramitación de esta iniciativa ha llevado a que diversos colectivos e incluso el CGPJ se hayan pronunciado sobre esta cuestión, en defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes y la Constitución.

 

Además, se ha solicitado su tramitación por el procedimiento de urgencia, que permitirá acortar los plazos a la mitad. Una vez se acuerde la toma en consideración de la iniciativa en el Pleno previsto para el 12 de diciembre de 2023, se acordará sobre ello.

 

En cualquier caso, como se ha expuesto al final del el apartado I B), una amnistía política del calado que se plantea con esta proposición, requeriría ser tramitada como una reforma agravada de la Constitución conforme al art. 168 de la misma.

 

 

  1. B) Admisión a trámite por la Mesa del Congreso y precedente.

 

El 21 de noviembre de 2023, la Mesa del Congreso de los Diputados (con los votos a favor de los representantes de los grupos socialista y Sumar y los votos en contra de los del grupo popular) admitió a trámite la proposición de Ley Orgánica de amnistía, tras informe de la Secretaría General del Congreso, que concluyó que no había elementos que justificasen la no calificación de la proposición pues no contiene defectos formales ni incluye puntos de palmaria y evidente inconstitucionalidad, considerando que guarda clara similitud con la Ley de Amnistía de 1977, al menos en su estructura, y no reúne elementos para considerarla un indulto general.

 

Aunque en dicho informe se admite que podría haber posibles motivos de inconstitucionalidad (como un eventual incumplimiento de los arts. 14 o 117.3 de la CE), señala que para su análisis sería necesario contar con doctrina del Tribunal Constitucional que no se ha dictado aún y que dichos incumplimientos no se derivarían de una lectura directa de ningún precepto de la CE sino de una interpretación de los mismos aplicada a la figura de la amnistía que debería llevar a cabo el Tribunal Constitucional, por lo que concluye que no parecen existir en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional parámetros o elementos suficientes para determinar si se produce una contradicción evidente y palmaria con la Constitución, correspondiendo al Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de ésta, decidir en relación con esta cuestión a través de los trámites oportunos, no estando configurado el trámite de calificación y admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias como un control previo de constitucionalidad y siendo la inadmisión excepcional al poder suponer un quebrantamiento de los derechos del art. 23 de la CE.

 

Se da la circunstancia de que dicho informe ha sido emitido tras el oportuno nombramiento, el pasado 3 de noviembre de 2023, como nuevo Secretario General del Congreso y Letrado Mayor de las Cortes, de Fernando Galindo Elola-Olaso, ex alto cargo del Gobierno (pues a mediados de 2021 fue nombrado director general de Cooperación Autonómica y Local en el Ministerio de Política Territorial y en 2023 subsecretario de Política Territorial).

 

Galindo sustituye al letrado Carlos Gutiérrez Vicén, bajo cuya jefatura se emitió en 2021 un informe de sentido completamente distinto al de 2023, en relación a la proposición de Ley Orgánica presentada por los grupos parlamentarios de ERC y Plural (Junts, CUP y PDeCat) denominada “de Amnistía y resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español”. En efecto, el 23 de marzo de 2021, la Mesa del Congreso de los Diputados (con los votos a favor de los representantes de los grupos socialista, popular y de Vox y los votos en contra de los de Podemos) inadmitió a trámite dicha proposición asumiendo las conclusiones del informe de la Dirección de Asesoría Jurídica del Congreso, que leído por su Secretario General Carlos Gutiérrez Vicén, concluyó que, con independencia de cómo se titule y del objetivo de la proposición de ley analizada, ésta contenía en sí misma todos los elementos de un indulto de carácter general, por lo que la proposición entraba en una contradicción palmaria y evidente con lo dispuesto en el art. 62 i) de la Constitución.

 

Es evidente el cambio de criterio de la Secretaría General del Congreso en dos años, propiciado por el nuevo nombramiento de Letrado Mayor de las Cortes, cuya objetividad e imparcialidad está en entredicho dado que era alto cargo del Gobierno.

 

 

 

  1. C) Justificación de la amnistía.

 

Los redactores de la proposición de ley orgánica de amnistía han puesto un especial cuidado en intentar justificar su adopción con una exposición de motivos muy extensa, incluso más que el propio articulado y haciendo referencia a sentencias del Tribunal Constitucional, del TJUE y del TEDH, pero que ciertamente no vienen al caso.

 

En dicha exposición de motivos, se alega el interés general como la finalidad que justifica la adopción de esta medida excepcional, con la que se perseguiría garantizar la convivencia dentro del Estado de Derecho y generar un contexto institucional, político y social estable que garantice el progreso de Cataluña y del conjunto de España y que sirva de base para superar el conflicto político mediante el diálogo, el entendimiento, la convivencia, etc.

 

No obstante, es un hecho público y notorio que la verdadera razón que está detrás de esta proposición de ley es la necesidad de Pedro Sánchez de conseguir los votos de los diputados independentistas para su investidura como Presidente del Gobierno y para mantener el Gobierno de coalición PSOE-Sumar durante la legislatura.

 

A este respecto, es menester una precisión técnico-jurídica: una cosa son los “motivos” del acto jurídico y otra la “causa”. Ésta es la que identifica el negocio jurídico de que se trata, mientras que los motivos son, en principio, irrelevantes para el Derecho, aunque en determinadas circunstancias alcanzan una importancia determinante. En el caso del acuerdo para tramitar la amnistía, nos encontramos realmente con un trueque entre las partes: se eliminan las responsabilidades penales, administrativas y contables a los separatistas catalanes, concediendo la impunidad a determinados delitos por razones ideológicas, a cambio de ser investido como Presidente del Gobierno y permanecer en el Ejecutivo. En este caso, el resultado ha sido elevado por las partes a la categoría de su negocio, ha sido causalizado, y al ser ilícita e inmoral dicha causa, su efecto sería la nulidad del negocio, al amparo de los arts. 1.275 y 1.306 del Código Civil.

 

Es flagrante y evidente la desviación de poder que entraña la proposición presentada al exponer como su motivo de existir la voluntad de pacificación social, cuando en realidad se tramita y aprueba para mantener al actual Gobierno, por un interés personal y partidista, en lugar de un interés general. Además, lejos de conseguir una mejora de la convivencia, dado el rechazo de casi la mitad de los diputados y de la mayoría de los colectivos jurídicos y de gran parte de la sociedad civil, lo que se va a lograr es una mayor polarización y consiguiente enfrentamiento y fragmentación en la sociedad española.

 

Ello lleva a confirmar la arbitrariedad de la medida proyectada y, por tanto, no solo su inconstitucionalidad ex art. 9 de la CE, sino también la contravención de los principios y valores del art. 2 del TUE.

 

Además, no hay que obviar que, con su aprobación se sentará un peligroso precedente para el Estado de Derecho, pues, de aprobarse y validarse esta proposición, igual de legítima y jurídicamente posible sería cualquier amnistía que en el futuro otro grupo parlamentario decidiera otorgar a cualquier grupo de delincuentes a cambio de poder colocar a su candidato como Presidente del Gobierno y poder mantenerse en el Ejecutivo. Por tanto, la legalidad estaría sometida a la política y dependería de la fuerza y capacidad de negociación de quienes vulneran las leyes y de los intereses personales de quien tenga o aspire a tener poder político, lo que resulta inadmisible en un Estado que se llame de Derecho, basado en el imperio de la ley.

 

 

  1. D) Ámbito de aplicación y efectos.

 

El ámbito objetivo de la ley propuesta es extremadamente amplio, previéndose en el art. 1, con unas exclusiones en el art. 2.

 

Incluso se incluyen en el ámbito de aplicación de la norma los actos cuya realización se hubiera iniciado antes del 13 de noviembre de 2023 y cuya ejecución finalizase con posterioridad a dicha fecha, con lo que se deja abierta la posibilidad de que quede impune un futuro golpe de estado en Cataluña, siempre que pudiera acreditarse como precursor del mismo algún acto realizado antes del 13 de noviembre de 2023.

 

Se trata de una amnistía indefinida, sin un marco temporal concreto, pues permite impunidades pasadas y futuras sine die, siempre que alguno de los hechos que integran la actuación delictiva continuada esté comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, lo que convierte en perpetua la desigualdad jurídica que entraña la amnistía.

 

 

A destacar también que quedan amnistiados, entre otros delitos, los de malversación de caudales públicos (salvo que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea) y los delitos de terrorismo (salvo cuando haya recaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas descritas en el art. 3 de la Directiva UE 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017).

 

No obstante, hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista de la prevención general del delito, una de las finalidades del Derecho penal, resulta inadmisible que se admita la posibilidad de que puede amnistiarse la malversación de caudales por razones de interés político coyuntural poniendo en peligro para el futuro todos los fondos públicos, incluidos los fondos europeos, máxime cuando los amnistiados ni siquiera manifiestan arrepentimiento por la malversación sino que, por el contrario, amenazan con volver a hacerlo. Ello permite alegar que la amnistía proyectada infringe el art. 4.3 de la Directiva UE 2017/1371.

 

Asimismo, no tiene ningún sentido, salvo buscar el beneficio de una concreta persona, no amnistiar el delito de terrorismo si hay sentencia firme y amnistiarlo en otro caso, pues el delito es el mismo. Además, dado que no ha recaído sentencia firme en relación con las investigaciones relativas a dicho delito, la amnistía será plenamente aplicable y, en consecuencia, cabría alegar que se infringe la Directiva UE 2017/541.

 

 

Conforme prevé el art. 3 de la proposición, la amnistía declarada en virtud de la norma proyectada produce la extinción de la responsabilidad penal, administrativa o contable en los términos previstos en los artículos 4 a 8, en los que se indican unos efectos muy amplios, disponiéndose en los artículos 9 a 16 la competencia para la aplicación de la amnistía y el procedimiento en cada instancia y ámbito.

 

Particularmente alarmantes son las previsiones del art. 4, en el que se indica cómo debe actuar el órgano judicial penal, contraviniéndose la división de poderes y la independencia judicial. Además, en contra de lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se prevé que se alzarán las medidas cautelares incluso cuanto tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley o alguna de sus disposiciones.

 

Asimismo, a destacar que en el art. 10 se prevé que la aplicación de la amnistía se tramitará con carácter preferente y urgente, debiendo adoptarse las decisiones en el plazo máximo de 2 meses.

 

 

 

III. CONCLUSIONES.-

 

1.- La amnistía es una figura excepcional que no tiene encaje en la Constitución de 1978 pues afecta a diversos derechos y principios previstos en los arts. 9, 14, 24 y 117 y dicha Constitución no contempla la amnistía como excepción a los mismos.

 

2.- Cabría incluir la amnistía en la Constitución por la vía de reforma de ésta siguiendo los cauces del art. 168 de la CE.

 

3.- La amnistía también resulta contraria a los arts. 20 y 47 de la Carta DFUE y a los arts. 2 y 19 TUE, pudiendo resultar de aplicación el principio de no regresión y condicionarse la entrega de fondos europeos.

 

4.- La iniciativa legislativa presentada se ha formulado como proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista cuando realmente se trata de una iniciativa del Gobierno que, como tal, debería haberse tramitado como proyecto de ley y recabarse informes de órganos consultivos.

 

5.- La objetividad e imparcialidad del nuevo Letrado Mayor de las Cortes, el Sr. Galindo, está en entredicho dado que era alto cargo del Gobierno antes de asumir el 3 de noviembre de 2023 el nuevo nombramiento.

 

6.- La finalidad de la amnistía que se alega en la exposición de motivos de la proposición es falsa, siendo la verdadera razón la necesidad de Pedro Sánchez para conseguir los votos suficientes para su investidura como Presidente del Gobierno y para mantener el Gobierno de coalición PSOE-Sumar. Evidente ilicitud de la causa y nulidad del negocio y desviación de poder.

 

7.- El ámbito objetivo de la ley es extremadamente amplio, afectando incluso a delitos de malversación de caudales públicos y a delitos de terrorismo, sin un marco temporal concreto y previéndose unos efectos muy amplios e incluso contrarios a la LOTC.

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