NO HAY ENGAÑO POSIBLE:

EL OPORTUNISMO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ANTE EL ESTADO DE ALARMA

 

Resumen

Por sorpresa, y en plena Semana Santa, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado a conocer un documento de trabajo dedicado a la reforma de la normativa procesal. A lo largo de más de cuatrocientas páginas, en vez de diseñar medidas urgentes ante una situación excepcional, aprovecha para introducir de rondón cambios estructurales que obedecen a la agenda programática del equipo del señor Lesmes, actual presidente de dicho órgano. No se propone mayor inversión en justicia ni mayor independencia frente a la política, sino que, en un ejercicio de irresponsable oportunismo, pretenden sacar partido del estado de alarma acordado para hacer frente a la epidemia que padece nuestro país.

 

Texto completo

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, avanzaba el pasado 17 de febrero de 2020 las líneas del que denominó “Plan Justicia 2030” para la transformación del servicio público de la Justicia en los próximos años. La hoja de ruta del plan se iba a aprobar en tres meses en el Consejo de Ministros, para lo que iniciaba una ronda de consultas con operadores y partidos políticos a fin de consensuar la hoja de ruta.

Sin embargo, los acontecimientos se han desencadenado de forma frenética con ocasión de la pandemia ocasionada por el coronavirus-19 y la crisis sanitaria subsiguiente. Aquel consenso no solo ha sido abandonado, sino que, además, la excusa de la crisis sanitaria quiere ser aprovechada para adoptar medidas de reforma legislativa procesal en todos los órdenes jurisdiccionales, hurtando al Parlamento la función legislativa que le es propia, ya que es de temer la aprobación de dicho plan de choque mediante un Real Decreto Ley por razones de extraordinaria y urgente necesidad.

A ello pretende contribuir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha dado a conocer una propuesta de reforma procesal, a modo de plan de choque tras el estado de alarma, que es imposible que haya elaborado en estos días de confinamiento, tanto por su calado como por su extensión (más de cuatrocientas páginas) que esperemos que no cuente con el beneplácito del Ministerio de Justicia ni coincida con su plan.

Los jueces están a disposición de la sociedad y son los primeros en reclamar medidas coyunturales para afrontar el servicio público de la justicia tras la crisis sanitaria, pero no son estas. La práctica totalidad de las medidas de reforma se proponen con vocación de permanencia, en ningún caso para afrontar una situación temporal o transitoria de emergencia o de excepcionalidad derivada de la pandemia; y, además, por su contenido, no hay duda de que muchas de ellas frustran las expectativas de independencia e imponen un programa de partido. Casi todas carecen de relación con la necesaria y urgente necesidad de evitar más contagios o de evitar que la crisis sanitaria se vea agudizada, que sería la única justificación para acudir al instrumento del Real Decreto Ley.

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial pone de manifiesto a toda la ciudadanía, y a los juristas en particular, que nos encontramos en un momento crucial en el que se dirime la forma en la que nuestros derechos y libertades van a ser garantizados en los próximos años. ¿Acaso los queremos limitados y cercenados con invocaciones a la seguridad, cuando el único problema que acucia a la Justicia es la ínfima inversión? Más sentencias de plantilla, menos garantías; más rapidez, menos calidad y menos derechos para el ciudadano. Y todo a coste cero.

No hay engaño posible. De la misma manera que la crisis de 2020 evidencia que se necesita más personal sanitario y más inversión en sanidad, resulta meridianamente claro que se necesitan mayor inversión en justicia, tanto en medios materiales (instalaciones, informatización) como personales (más jueces, plantilla de la oficina, equipos de expertos), y no un Real Decreto Ley de esta naturaleza.

Por eso, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial alerta de que no se debe abandonar la tramitación legislativa que permita el consenso, aun en vía de urgencia para las medidas de mayor coyuntura, tanto como del riesgo inmediato de pérdida de derechos de los ciudadanos, si se aprueban estas medidas, pues los jueces, no se debe olvidar, son los guardianes de la libertad y de los derechos de los ciudadanos.