CORRUPCIÓN (GRECO) Y COMISIONES JUDICIALES

GRECO, LA AUDIENCIA NACIONAL Y LA RENOVACIÓN DEL CGPJ.

 

GRECO, LA AUDIENCIA NACIONAL Y LA RENOVACIÓN DEL CGPJ.

El pasado día de tres de enero, tuvimos conocimiento de las conclusiones divulgadas por GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa), en donde por enésima vez, la clase política española resultaba señalada por no implantar en nuestro país las diferentes recomendaciones en materia de Justicia efectuadas por dicho Grupo, y que tienen como exclusiva finalidad fortalecer la independencia judicial. Greco recomienda que los políticos no intervengan en ninguna fase de la elección de los magistrados, que los vocales judiciales sean elegidos directamente por los propios jueces  y que los altos cargos judiciales sean nombrados sólo por criterios objetivos establecidos por ley. Nada de eso cumple nuestro país

Llueve sobre mojado.

Estas conclusiones, que en ningún caso cambian el paso a los partidos políticos cuyo voluntad de controlar el órgano de gobierno de los jueces (CGPJ) es férrea, compacta e inalterable, se conocieron semanas después de que la Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, doña Concepción Espejel Jorquera, impulsara un “Acuerdo de asignación de ponencias y composición de Tribunales” que modificó de facto la composición del Tribunal que ha de enjuiciar la presunta financiación irregular del Partido Popular; es decir, del grupo político que años atrás la aupó al propio CGPJ. Es cierto que aquella decisión fue adoptada sin oposición en la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, y podría encontrar cobertura legal en el articulado de la LOPJ -artículo 152.1.2º-, pero no lo es menos que el Tribunal cuya composición ha sido modificada ya se había pronunciado sobre determinadas cuestiones como por ejemplo, las afectantes a la responsabilidad civil de algunos de los encausados (auto 08/05/2017). Más allá de la legalidad de la decisión (la sentencia del Tribunal Constitucional 238/1988 podría avalar esta interpretación, que entendemos puede discutirse jurídicamente), ésta en todo caso resulta sorprendente por los intereses en juego y los actores implicados.

Por si fuera poco, uno de los nuevos miembros del Tribunal encargado de juzgar la supuesta financiación irregular del Partido Popular, es don Juan Pablo González, quien fue también Vocal del CGPJ a propuesta del partido afectado, y participante en distintas ponencias impartidas en la Fundación FAES, ligada al Partido Popular.  Juan Pablo González lleva adscrito a la AN en comisión de servicios desde el año 2015.  Fue designado por el Gobierno del PP juez de enlace en Francia en el año 2012 y cesó en el encargo tres años más tarde, accediendo a la AN sustituyendo precisamente al Juez Bermúdez en el Juzgado de Instrucción n.º 3, que sería designado nuevo Juez de enlace en la plaza que dejaba el magistrado, Sr. González. Topamos de nuevo con la sinuosa regulación de las comisiones de servicio. El plazo máximo previsto en la LOPJ (artículos 216 bis 4 y 350, en relación con el artículo 177.7 del Reglamento de la Carrera Judicial) es de 2 años. En cualquier caso, se permite al CGPJ, a través de mecanismos de cobertura en los que hay una amplia discrecionalidad, que un determinado perfil de Juez se perpetúe en un órgano judicial en donde se resuelven algunos de los pleitos de mayor trascendencia política y social. De nuevo el CGPJ. De nuevo la política y la posibilidad de enviar (o no) a un Juez a escarbar cebollinos -Ignacio González dixit-.

Dichas decisiones han sido impulsadas por una magistrada cuya recusación en esta misma causa fue estimada mayoritariamente por sus compañeros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (reunida en Pleno el día 13/11/2015), que consideraron que no resultaba infundada la percepción de posible parcialidad de la Magistrada afectada, por haber sido beneficiada en su trayectoria profesional por la designación para un cargo, por una propuesta ligada a la proyección en el Poder Judicial de las cuotas de poder político existentes en las Cortes.

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, REITERA su confianza en la inmensa mayoría de los jueces y fiscales españoles tal y como ha hecho en otras ocasiones, pero, fieles a nuestra razón de ser, no podemos dejar pasar por alto que la situación de control del órgano de gobierno de los jueces por parte de los partidos políticos, y las decisiones que adoptan los magistrados que han sido aupados por aquellos, lesionan de gravedad e inevitablemente la deseable confianza que los ciudadanos deberían tener en sus instituciones.

Por último, y aprovechando que en este año 2018 debe renovarse el CGPJ, hacemos un llamamiento a los jueces y magistrados españoles para que valoren si las recomendaciones efectuadas por GRECO -avaladas mayoritariamente por los propios jueces en las numerosas Juntas de Jueces celebradas a lo largo y ancho del país durante 2017-, exigen o no de la judicatura española una actitud que impida a los partidos políticos el reparto del Poder Judicial por cuotas. Las posibilidades son varias. Creemos que los jueces españoles no estarían a la altura de las circunstancias si se ofrecieran para ser designados por los partidos políticos, conociendo las consecuencias de tales actos y entrando en definitiva de lleno en el juego de la política una vez más, a pesar de los incumplimientos del actual Gobierno y en general de la incapacidad de los partidos políticos para garantizar una plena separación de poderes.

 

 

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