Como dice FJI en su comunicado del 23 de junio de 2018, el verdadero compromiso con la prevención de riesgos laborales de los jueces no está en definir el riesgo, sino en planificar la actividad preventiva y en adoptar medidas reales que eviten o al menos minimicen los riesgos evaluados. El CGPJ no ha hecho nada durante todo su mandato próximo a finalizar; ni siquiera ha aprobado un nuevo Plan anual de prevención de riesgos porque el vigente está prorrogado desde 2016. Especialmente expresiva de la nula voluntad del CGPJ de proteger la salud de los jueces han sido estas dos decisiones que ha tomado:

Una. Desde julio de 2016 su negativa a aceptar la propuesta de los representantes de las asociaciones judiciales en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en orden a fijar provisionalmente el máximo de carga razonable a efectos de salud en el 90-100 % del tiempo de dedicación (módulo de salida) del baremo de 2010, hasta en tanto se fijen las cargas de trabajo.

Dos. La aprobación in extremis del reglamento de retribuciones variables en desarrollo de la Ley de Retribuciones 15/2003, como única medida que se le ha ocurrido para mejorar las mermadas retribuciones ordinarias de los jueces, que, en realidad, exprime aún más a los jueces pues se trata de ligar la mayor retribución a un objetivo de resultados numérico.

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial comparte la preocupación por la situación actual de los jueces en cuanto a sus condiciones de trabajo, y espera que el CGPJ haga un ejercicio responsable de su función, como máximo valedor de la salud psicosocial de los jueces, y a tal efecto aborte la aprobación del reglamento de retribuciones variables y fije el máximo de carga razonable a efectos de salud.