La Plataforma Cívica para la independencia judicial anuncia el envío de un Llamamiento urgente a la Relatora de las Naciones Unidas para la independencia judicial, a la vista de los graves acontecimientos que están sucediendo en este país, en relación con el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que conculcan abiertamente los principios internacionales básicos para garantizar la independencia de los jueces y magistrados y la separación de poderes :

Dichos principios internacionales aconsejan la creación de un órgano independiente de los otros Poderes del Estado (Legislativo y Ejecutivo) encargado de velar por la independencia judicial en todos sus ámbitos (el nombramiento de los jueces y el régimen disciplinario, fundamentalmente), de modo que los jueces no se puedan ver sometidos, en su toma de decisiones, a influencias externas. Dicho órgano ha de estar formado, principalmente, por jueces y elegidos por sus pares. Las normas internacionales avisan de los riesgos de que sean elegidos por los políticos, los gobiernos e incluso por el Poder Legislativo porque entraña el riesgo de que el procedimiento se politice.
El Poder Judicial es un contrapeso para que las leyes y los actos de los gobiernos respeten los derechos humanos.
Ninguno de estos principios ha sido cumplido en este proceso:
Se ha prescindido abiertamente de la participación de los jueces, en elecciones directas, contrariando no sólo ya el espíritu y finalidad de la C.E., sino también las nomas internacionales.
Todos los elegidos lo han sido por los Partidos Políticos, especialmente, los dos mayoritarios, a través del Parlamento, con las mayorías de que disponen.  
Además, los elegidos son, en su inmensa mayoría, personas con vínculos directos o indirectos con los partidos políticos y con los otros Poderes del Estado (Legislativo y Ejecutivo), algunos incluso son miembros del Poder legislativo, uno no reniega siquiera de su militancia política,  y otros son funcionarios jerárquicamente dependientes del Poder Ejecutivo.
Ello va a originar que los jueces puedan verse inmersos en indebidos e innecesarios conflictos de intereses, por cuanto, además, quince de los elegidos van a compatibilizar su cargo de vocal con su propia profesión y puesto de trabajo, algunos de ellos, en los propios Juzgados. Los gobernantes van a poder ser, a su vez, gobernados.
Se desconocen sus méritos para ser considerados juristas de reconocido prestigio, como establece la Constitución Española.
Y, finalmente, el proceso ha culminado con la elección de su presidente, previamente seleccionado por los mismos Partidos Políticos, cuyo nombre ya había sido anunciado por los medios de comunicación.
Precisamente, la creación de un órgano independiente pretende que la selección, la formación, el régimen disciplinario y las demás competencias judiciales no sean llevadas a cabo por los demás Poderes del Estado. Si son estos los que eligen a los miembros del órgano independiente, nada se habrá avanzado.  Es un mero disfraz.
Se da además la circunstancia de que dicho Presidente parece ser persona de confianza del actual Partido Gobernante. Este mismo gobierno lo había designado para la elaboración de la propia reforma del Poder Judicial, en la que él mismo ha sido nombrado Presidente.
Así mismo, ha ocupado cargos de directa confianza del Ministro de Justicia, del mismo Partido Político que gobierna en la actualidad, como Director de Relaciones con la Administración de Justicia y Director de Objeción de Conciencia, órganos ambos dependientes del Ministerio de Justicia. Una de sus últimas decisiones, desde su cargo judicial en el Tribunal Supremo, ha sido la ponencia del conocido caso del indulto a un Kamikaze en sentido favorable al mantenimiento del indulto concedido por el gobierno. 
No debemos olvidar que la independencia judicial no es un derecho o prerrogativa de los jueces, sino una garantía para que todas las personas tengan un juicio justo por un Tribunal Independiente, libre y ajeno a las influencias externas e internas, únicamente, sometido a la legalidad.  
Mal puede conseguirse esta independencia si los jueces y magistrados, en sus propias estructuras internas, pueden sentirse inquietados, perturbados o influenciados en su labor por la actuación de sus propios gobernantes, quienes son los que pueden elegirlos para otros cargos, sancionarlos, premiarlos o castigarlos, de muy diversas y sutiles maneras.   
Esta en juego la credibilidad del sistema.