(Comunicado de la Plataforma, 24/11/25)
Resumen del comunicado.
Las críticas políticas dirigidas a los magistrados del Tribunal Supremo a los que se les reprocha la condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, constituyen un ataque a la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial. Por tanto, la Plataforma insta al Consejo General del Poder Judicial a que salga en defensa de los jueces afectados. Además, hace un llamamiento a los responsables públicos para que no usen una retórica que fomente la politización de la justicia.
Texto íntegro del comunicado.
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial manifiesta su repulsa ante las concentraciones convocadas frente a la sede del Tribunal Supremo en protesta por la reciente condena al Fiscal General del Estado. Estas manifestaciones, lejos de constituir una mera expresión de discrepancia legítima, representan una intolerable presión sobre el Poder Judicial que atenta directamente contra el principio de separación de poderes, consagrado en el artículo 117 de la Constitución Española, y socava la independencia judicial como garantía fundamental del Estado de Derecho.
Como esta Plataforma ha denunciado en ocasiones reiteradas, incluida nuestra nota de prensa del 12 de mayo de 2025 en repulsa a las declaraciones contra el juez Juan Carlos Peinado (disponible en https://plataformaindependenciajudicial.es/2025/05/12/comunicado-en-repulsa-a-las-declaraciones-contra-el-juez-juan-carlos-peinado/ ), la distinción entre crítica legítima y injerencia indebida resulta esencial para preservar la integridad de nuestras instituciones. La crítica jurídica objetiva, fundamentada en argumentos de legalidad y proporcionalidad, es un derecho democrático que fortalece el escrutinio público de la justicia. Sin embargo, las acciones que cuestionan resoluciones judiciales firmes mediante descalificaciones genéricas, campañas de descrédito o movilizaciones masivas ante los tribunales no solo exceden los límites de lo admisible, sino que violan las Recomendaciones CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre independencia judicial, eficiencia y responsabilidad, en particular su apartado 18, que advierte contra las críticas del Ejecutivo o Legislativo que socaven la confianza pública en el Poder Judicial. Tal presión, incompatible con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los principios de la ONU de 1985 sobre independencia judicial, perpetúa un patrón de ataques institucionales que esta Plataforma ha analizado en su informe sobre presiones en procedimientos sensibles, como el comunicado del 27 de abril de 2024 relativo al caso Begoña Gómez (https://plataformaindependenciajudicial.es/2024/04/27/dejemos-a-los-jueces-trabajar-presiones-en-el-caso-de-begona-gomez/ ).
Estos episodios no solo erosionan la legitimidad de las decisiones judiciales, sino que alimentan una polarización peligrosa, aproximándonos a prácticas que distan del modelo democrático europeo. Por ello, la Plataforma Cívica insta al Consejo General del Poder Judicial a adoptar medidas protectoras para salvaguardar la integridad de los magistrados
Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos los actores políticos y sociales: cesen las manifestaciones irresponsables que contribuyen a desestabilizar nuestras instituciones. Los representantes públicos, en particular, deben predicar con el ejemplo, absteniéndose de cualquier retórica o acción que fomente la politización de la justicia. Solo así preservaremos un Estado de Derecho sólido. La ciudadanía merece una justicia libre; exijámosla unidos.