DIMISIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Resumen del comunicado:
El Fiscal General del Estado debe dimitir de inmediato, ya que su implicación en una causa criminal por delito de revelación de secretos en el contexto de una trama de corrupción política lo priva de la confianza ante la opinión pública que exige su alta posición institucional. En tal sentido discurre el “test de las apariencias” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En cualquier caso, hasta que no se garantice, tal como propone la PCIJ, que el Ministerio Público esté investido de plena independencia, sin conexión alguna con el poder político, corremos el riesgo de que los medios del Estado se instrumentalicen para fines ilícitos.
Texto íntegro del comunicado:
La investigación en causa criminal del Fiscal General del Estado, don Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos constituye una crisis institucional sin precedentes. Jamás en nuestra historia la cúpula del Ministerio Público se había visto implicada en actividades delictivas. Con ser gravísimo el hecho en sí mismo considerado, resulta incluso más preocupante porque las conductas que le atribuye la policía judicial, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), lo vinculan a una trama de corrupción política destinada a la utilización partidista de las instituciones públicas.
Ni que decir tiene que el señor García Ortiz, como cualquier otro ciudadano, disfruta de la presunción de inocencia mientras no se pruebe otra cosa en procedimiento judicial. Aun así, en las condiciones actuales, ha perdido ante la opinión pública la mínima confianza que requiere su alta posición institucional. Recordemos el “test de las apariencias” de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TEJUE), según el cual no debe subsistir la más mínima duda acerca de la imparcialidad de las autoridades judiciales, extensible en el caso español al Ministerio Fiscal, al ubicarse su regulación constitucional en el mismo título que el dedicado al Poder Judicial. En concreto lo enseña la sentencia de 24 de junio de 2018 (C-619/18), la cual exige la “inexistencia de cualquier duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de los intereses en litigio”.
Adviértase que, mientras no se garantice la independencia del Ministerio Fiscal, con absoluta desconexión del poder político, se corre el riesgo de que los medios del Estado se instrumentalicen para la satisfacción de inconfesables intereses ilícitos.
De ahí que la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) haya elaborado una propuesta de reforma legislativa para asegurar que el Ministerio Público esté investido en el ejercicio de sus funciones, no solo de autonomía, sino de plena independencia, a cuyo texto se remite: https://plataformaindependenciajudicial.es/2018/09/26/bases-investigacion-criminal/
La conclusión de lo expuesto es que el actual Fiscal General del Estado, don Álvaro García Ortiz, debe dimitir con carácter inmediato pues, cada día que permanece en dicho puesto, el prestigio de la institución se deteriora hasta límites inaceptables.