COMUNICADO DE LA PLATAFORMA CÍVICA POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

Hemos presenciado un momento histórico en nuestro país: la huelga de 22 de mayo de 2018, cuando jueces y fiscales se unieron ante el poder político para exigir el fin de la postración de la Justicia española. Fue un gran éxito de las asociaciones convocantes, pues lograron un seguimiento del 65% de los jueces y del 55% de los fiscales.

Reunidos posteriormente los representantes de las asociaciones con el Ministro de Justicia el día 28 de mayo, ante las propuestas que les ha trasmitido, han pactado éstas una “tregua” de unas semanas en espera de resultados, sin que en la agenda se encuentren, por lo que conocemos, las principales propuestas en materia de despolitización reclamadas por jueces y fiscales.

Desde el año 1985 contemplamos un juego de poder para la distribución a suertes políticas de los cargos del CGPJ, lo que ha redundado en el descrédito de nuestra justicia incluso a nivel internacional. Es el tristemente conocido como “reparto de cromos”. Las presiones para designar los altos cargos de la fiscalía son igualmente conocidas.

La politización de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia, de los presidentes de Salas y de las Audiencias Provinciales es ya una costumbre inveterada como han puesto de relieve nuestros informes, encuestas del CGPJ y organismos internacionales.

Esta injerencia del poder político en el Poder Judicial impide luchas eficazmente contra la corrupción y degrada la percepción de imparcialidad que tienen los ciudadanos de sus jueces, como recuerda y reitera una y otra vez el GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción, del Consejo de Europa.

El GRECO dirigió hasta once recomendaciones a España en su informe de la Cuarta Ronda de Evaluación del GRECO aprobado en Asamblea plenaria nº 62 de 2-6 de diciembre de 2013 (publicado 15/1/14) en torno a la prevención de la corrupción en relación con los miembros del parlamento, los jueces y los fiscales (conflictos de interés, incompatibilidades, etc.). Las autoridades españolas presentaron un informe de situación, y el informe de conformidad del GRECO de 10 de octubre de 2016 concluyó que no se había implementado la recomendación V, referida a que el método de selección del CGPJ debía ser revisado para que la mayor parte de sus miembros fueran elegidos por los jueces a fin de mejorar los efectos sobre la independencia de cualquier influencia indebida real o percibida. Tampoco la recomendación VI, referida a que se establezca en la ley criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de los rangos más altos del poder judicial.

Por tanto, el GRECO activó el art. 32 de su reglamento de procedimiento y pidió al jefe de la delegación española que presentara un informe sobre la implementación de esas recomendaciones y otras no cumplidas o parcialmente incumplidas antes del 31 de julio de 2017.

El último informe del GRECO publicado el 3 de enero de 2018, tras examinar las alegaciones de las autoridades españolas, concluye que esas dos recomendaciones se siguen sin implementar. En Octubre el Greco gira visita a España y conocerá de primera mano cuales son nuestras reivindicaciones y hasta donde estamos dispuestos a llegar para alcanzarlas.

En consecuencia, esperamos que nuestra principal exigencia, la elección democrática de las vocalías judiciales del CGPJ por y entre la carrera judicial, imprescindible para garantizar el Estado de Derecho y la separación de poderes, no quede sometida a tregua también.

Obviamente, sin olvidar otras aspiraciones ampliamente sentidas por la judicatura, como la objetivación de los nombramientos judiciales conforme a los principios de mérito y capacidad, la implantación de un sistema de carrera horizontal o, muy especialmente, las retribuciones variables, antes denominadas “módulos”.

A este respecto, si las resoluciones judiciales se valoran al peso, como si se expidiesen churros en una repostería, se fomenta la cantidad en detrimento de la calidad. Por eso la oferta de creación de plazas no pasa de ser un mero parche en vez de una solución a los problemas estructurales, que es lo que planteamos. Por ejemplo, tal como se apuntaba, una reestructuración de las vías de promoción interna mediante el modelo de carrera horizontal, lo que desincentivaría la búsqueda de ascensos al margen del mérito y la capacidad, amén de garantizar retribuciones equitativas durante todas las etapas de la vida profesional.

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial anima a los representantes de asociaciones a ser exigentes en las negociaciones teniendo en cuenta el amplio respaldo alcanzado, inédito hasta la fecha y muestra del hartazgo y del compromiso ético de los jueces y fiscales con la sociedad a la que servimos. Hemos lanzado el mensaje de que con la justicia no se mercadea, ni se vende ni se compra, sino que se respeta, como dan ejemplo cotidianamente en nuestro país incontables jueces, fiscales, abogados y tantos otros ciudadanos, juristas o no, cansados de los manejos de la política institucional. En materia de independencia judicial, a veces una tregua puede equivaler a una derrota. Confiamos en la inteligencia de los representantes asociativos para estar a la altura de las reales preocupaciones de jueces, fiscales y, en general, de la ciudadanía española.

En Madrid, a 30 de mayo de 2018.