El Consejo General del Poder Judicial ha puesto a disposición de todos los juzgados del territorio nacional una encuesta para evaluar los riesgos laborales de la profesión judicial. La Plataforma entiende que es imprescindible que todos y cada uno de los jueces participe y la rellene, a fin de contar con datos fiables que permitan establecer una regulación segura de la actividad laboral de nuestros magistrados. A este respecto su Observatorio de carga de trabajo ha elaborado un comunicado cuyo texto se incluye a continuación.
El Poder Ejecutivo debe duplicar el número de jueces en España para alcanzar la ratio de juez por habitante que existe en Alemania y en otros Estados europeos que cuentan con una Administración de Justicia ágil y eficaz. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (en adelante PCIJ) viene defendiendo que esta exigencia es ineludible, si se quiere mejorar la percepción que el ciudadano tiene de la Justicia.
Lo contrario nos aboca al retraso en los procedimientos, a una Justicia lenta e ineficaz; y a una Justicia que causa insatisfacción al ciudadano.
Pero los Jueces también están insatisfechos; y esta sensación personal, común a toda la carrera, merece nuestra atención. Las condiciones laborales en las que los jueces desarrollan su función son absolutamente penosas pues soportan una carga de trabajo muy superior a la de del resto de los Estados Europeos; y de ahí nace su insatisfacción y su bajo nivel de bienestar.
Hasta ahora no ha existido un instrumento de medición de ese sobresfuerzo porque no se ha alcanzado consenso entre las asociaciones judiciales y el Ejecutivo de turno en la medición del trabajo del juez. Sin embargo, desde hace un par de años, se ha avanzado mucho, al menos en el terreno de la denominada “seguridad y salud integral de la carrera judicial”: esto es, la medición de la carga de trabajo razonable a efectos de salud, a la sombra del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de 2015/16, que dimana de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, y de las exigencias que impone al estado español la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.
Los jueces también trabajan al ejercer su función. Por eso, es imprescindible que cumplimenten masivamente las encuestas que el CGPJ les ha hecho llegar desde diciembre de 2016. Se da a los jueces la posibilidad de responder las preguntas de una encuesta, al objeto de que ellos mismos valoren esas condiciones de trabajo, a los efectos de que una empresa especializada pueda detectar los riesgos laborales del juez asociados a factores tales como estrés o sobrecarga de trabajo.
Es hora de que el CGPJ conozca de manera objetiva la cuantía del estrés que afecta a los jueces y de que le llegue la noticia aritmética del enorme descontento que los jueces abrigan hacia distintas variables que influyen en el ejercicio de su función, como son el esfuerzo diario, la imprevisibilidad, la dedicación, la difícil conciliación familiar, la fragilidad de medios materiales y otros aspectos que caracterizan su trabajo cotidiano.
Participar en esas encuestas, que la inmensa mayoría de jueces las rellene, es la única manera de que el CGPJ deje de mirar hacia otro lado; y es la única forma de que, partiendo de estos datos que hablan de salud, se mida de una vez la carga de trabajo del juez. La PCIJ está convencida de que, medida la carga de trabajo, debería llegar, por sentido común y lógica aplastante, el necesario incremento de la planta judicial.
En Madrid, a 21 de enero de 2017.