Uno de los mandatos del programa del partido actualmente gobernante era, literalmente, “reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías” (medida nº 11 del apartado “justicia ágil y previsible” -punto 5.2 de “Una Democracia Ejemplar”-). De hecho, el entonces Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tras formarse la Comisión Parlamentaria de Justicia en el Congreso, confirmó en febrero de 2012 esto mismo, que iba a devolver a los jueces la elección de sus doce vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), o sea, el sistema originario de 1980.

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, asociación formada por juristas de toda clase dedicada a promover la despolitización de la Justicia, viene propugnando desde su creación que la composición de dicho Consejo no dependa enteramente de las formaciones políticas. Antes bien, propone el retorno al mencionado modelo mixto instaurado en el año 1980, cuando la elección de sus miembros estaba repartida entre los grupos parlamentarios y los propios jueces. Se buscaba así, un equilibrio institucional alejado tanto de la politización del corporativismo, Escila y Caribis que amenazaban ambos con causar el naufragio del Poder Judicial.

Parecía que el Gobierno, espoleado por la corrupción política, compartía con la Plataforma la aguda preocupación por el sistema parlamentario de designación de los vocales del CGPJ, dadas las gravísimas patologías que estaba arrojando sobre la maltrecha independencia del Poder Judicial.

Diríase que el partido mayoritario se aprestaba a cumplir sus promesas electorales cuando el 2 de marzo de 2012, el Consejo de Ministros del entonces recién estrenado Gobierno aprobó un Acuerdo por el que se creó una Comisión Institucional para la elaboración de una propuesta de texto articulado de Ley Orgánica del Poder Judicial y de Ley de Demarcación y de Planta Judicial (resolución de publicación de 8 de marzo de 2012, documento BOE-A-2012-3569)

En dicho Acuerdo se fijó la composición de dicha Comisión, que pasó así a estar formada por los siguientes expertos:

1.- Luis María Díez-Picazo Giménez, Magistrado del Tribunal Supremo.

 2.- Antonio Dorado Picón, Secretario Judicial y Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

 3.- Antonio Álvarez-Buylla Ballesteros, Decano del Colegio de Procuradores.

 4.- Juan Damián Moreno, Catedrático de Derecho Procesal.

 5.- Carlos Lesmes Serrano, Magistrado del Tribunal Supremo.

 6.- Marta Silva de Lapuerta, Abogada General del Estado.

 7.- Joaquín María Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó, Abogado.

Es comprensible que este grupo de expertos institucionales, nombrado por el Gobierno para acometer la reforma de una Ley de tanta trascendencia como la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), tuviese ya un criterio fundado sobre la  encomienda que se sometía a su consideración. Obviamente, se esperaba que aconsejasen la recuperación del sistema mixto de gobierno judicial. Dichos juristas ostentaban muy buencurriculum y procedían de las más diversas ramas de la profesión jurídica. El encargado de coordinarlo como Secretario de Estado de Justicia era el magistrado Fernando Román, jefe de los servicios técnicos del Tribunal Supremo durante ocho años y especialista en la jurisdicción contencioso-administrativa.

El trabajo, asimismo, era ambicioso ya que, entre otras cosas, se enfrentaban a la tarea de proponer una modificación de la LOPJ para acometer una de las reformas más importantes del entramado de nuestro Estado de Derecho. Por ello, a pesar de que el cargo no era retribuido, todo el mundo entiende que era un prestigio servir al Gobierno en la redacción de un texto tan importante para nuestro país.

Cumpliendo con su mandato, dicho grupo de expertos presentó un primer informe atribuyendo la designación de los doce vocales judiciales directamente a los jueces y magistrados, según el espíritu y letra del art. 122 de la Constitución Española.

Ello no obstante, hubo un cambio de criterio en el Gobierno y, en contra de lo prometido, el entonces Ministro de Justicia pidió a este grupo de expertos que elaborara otro texto siguiendo justo la orientación opuesta, es decir, manteniendo la designación de todos los vocales del CGPJ en el Parlamento. Y, en efecto, su nuevo dictamen acogió las nuevas directivas ministeriales. Peor aún, la posterior reforma de la LOPJ introdujo modificaciones muy relevantes en la estructura, competencias y funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces, con el disfuncional resultado que actualmente todos conocemos. No es el momento de detallarlas ahora. Muchos jueces se sintieron engañados, hasta tal punto que promovieron unas “elecciones alternativas”, sin valor legal pero de profunda carga simbólica, donde se eligieron por y entre todos los jueces, a doce vocales en la sombra. Participaron un millar de compañeros togados. Un éxito inaudito.

Sea como fuere, cuesta trabajo entender que un experto tenga dos criterios contrapuestos sobre una misma materia, cuanto más en este caso, ya que estamos ante una cuestión muy relevante desde el punto de vista jurídico y doctrinal, sobre la que se han escrito ríos de tinta. Pero más difícil es entender que siete personas de procedencias y formaciones jurídicas tan diversas, se pusieran de acuerdo en tener dos criterios diferentes sobre la misma cuestión en tan corto lapso temporal. Por otro lado, llamó la atención que precisamente la mudanza de su opinión fuera pareja a la del Gobierno. No es de extrañar, pues, que algunos tuvieran la impresión de que actuaron al dictado del patrón político. Y ello pese a que eran juristas de prestigio, que nada pedían a cambio de su desinteresada labor, y cuya imagen estaba en juego.

Con todo, y por incomprensible que se nos antoje, mutaron su dictamen. ¿Por qué? Lo ignoramos, doctores tiene la Iglesia.

¿Qué fue de ellos? No está de más repasar el curso de sus posteriores trayectorias para comprobar si su prestigio resultó dañado o, al contrario, permaneció incólume. Repasemos la lista de los ¿siete? sabios:

1.- Luis María Díez-Picazo Giménez.

Tras su paso por la Comisión, ha sido designado Presidente de la Sala III del Tribunal Supremo por acuerdo de la Comisión permanente de 22 de Julio de 2015, con el voto favorable de todos los vocales de tendencia conservadora más el vocal propuesto por CIU.

Su nombramiento se produjo en julio de 2015, después de que el candidato para el puesto y Presidente de la Sala, José Manuel Sieira, durante los últimos cinco años con excelente balance de gestión, denunciara en su comparecencia intrigas palaciegas.

Este nombramiento mereció un dictamen muy desfavorable del Observatorio de la Plataforma, ya que se eligió al candidato que lleva únicamente siete años en la Carrera judicial y que carecía de experiencia en órganos de gestión y gubernativa, frente a los cuarenta y tres años de ejercicio profesional y experiencia de gobierno del anterior Presidente.

2.- Antonio Dorado Picón.

Tras su paso por la Comisión, ha sido nombrado Secretario General de la Administración de Justicia por el ministro Rafael Catalá, el 10 de Octubre de 2014.

3.- Antonio Álvarez-Buylla Ballesteros.

Tras su paso por la Comisión, fue nombrado suplente por el Partido Popular en la lista de candidatos a vocal del CGPJ correspondiente al Senado, en el año 2014.

Inicialmente le tocaba entrar en el CGPJ tras la renuncia de la vocal Mercé Pigem después de que se publicaran unas informaciones en las que se aseguraba que ella y su hermana habían sido sorprendidas el pasado mes de noviembre en la frontera de Andorra introduciendo dinero en efectivo en España que pasaba el límite legal.

Pero resulta que estuvo imputado por un Juzgado de Madrid por un supuesto delito de falsedad en documento público en grado de tentativa (alterar el estatuto del Colegio de Procuradores de Madrid). Y aunque la causa se sobreseyó un dia antes de la  renuncia, renunció al cargo por motivos personales el 16 de Enero de 2015.

4.- Juan Damián Moreno.

Tras su paso por la Comisión, fue nombrado por Ruiz Gallardón el 2 de diciembre de 2013 para cubrir una de las tres vacantes que corresponden a España para formar parte como juez «ad hoc» en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Los jueces ad hoc actúan en los casos de ausencia o imposibilidad de intervención del juez español designado para este organismo internacional; su nombre se une a los dos jueces ad hoc ya designados por el Consejo de Ministros  19 de julio anterior.

5.- Carlos Lesmes Serrano.

Tras su paso por la Comisión, fue nombrado Presidente del CGPJ y del TS por el CGPJ en su sesión constitutiva el 9 de Diciembre de 2013.

Su nombramiento fue anunciado por los medios de comunicación tras un pacto entre el Presidente del Gobierno y el de la oposición, y fue recurrido por la formación política UpyD y por la asociación judicial Francisco de Vitoria ante la Sala III del Tribunal Supremo, pero el recurso fue desestimado en STS de 16 de diciembre de 2014.

6.- Marta Silva de Lapuerta.

Su caso es un poco distinto. Única mujer entre los expertos, fue nombrada Abogada General del Estado en enero de 2012, dos meses antes de entrar en la Comisión con 42 años de edad.

7.- Joaquín María Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó.

Tras su paso por la Comisión, ha sido nombrado Secretario General del CGPJ, en abril de 2015.

Quien salió peor parado fue Fernando Román, Secretario de Justicia y coordinador de esta Comisión. El mismo presentó su candidatura para cubrir la plaza de magistrado  especialista de la sala III  del TS, resuelta por acuerdo de la Comisión permanente de 28 de enero, pero su candidatura no pudo prosperar (le une una relación personal de Carlos Lesmes, que por ello anunció su intención de abstenerse en la votación). Lo cierto es que se requerían 15 años de actividad jurisdiccional para entrar en el Tribunal Supremo, pero Fernando Román solo tenía ocho años, descontada su actividad politica y la actividad prestada en órganos técnicos, lo cual fue aireado por la vocal Nuria Diaz Abad, que pidió un informe al respecto.

Todos ellos, además y en cualquier caso, fueron condecorados con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort otorgada a título individual por Real Decreto 498/2013, de 21 de junio, en atención a “los méritos y circunstancias que concurren en los miembros de la Comisión”.

Terminado nuestro repaso, dejamos al lector que extraiga sus propias conclusiones. Eso sí, le ayudamos a reflexionar con estos memorables versos de nuestro Jorge Manrique:

“¿Qué fue de tanto galán,

de tanta invención,

como trajeron?

¿Fueron sino devaneos,

qué fueron sino verduras de las eras (…)”.