A continuación se adjunta un articulo escrito por el magistrado Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma, donde se detalla, con inaudita valentía, las amenzas que se ciernen sobre la Justicia española.

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Sueños de independencia judicial

Una joven jurista que sueña con un país distinto, me decía que la actual situación de la Justicia se asemeja mucho a un drama teatral escrito por Mario Benedetti y cuyos protagonistas eran Pedro y El Capitán. A Pedro le ponía el nombre de Justicia y a El Capitán, el nombre de todo lo que ha atentado contra ella, es decir la política.
Y así Berta imaginaba al enemigo delante del dolor del torturado (la Justicia), desconcertado ante el talante del protagonista, el guerrero que a pesar del ataque defiende lo que cree hasta el final.
Porque esta es la situación que simboliza la realidad presente: una guerra sin violencia que va mucho más allá de ideologías y de partidos políticos, un conflicto entre dos frentes en el que uno de ellos representa al Estado de Derecho, a la libertad de un pueblo, de juristas y de ciudadanos.
Porque lo que para algunos es solo un personaje teatral, para esa joven jurista, tiene el nombre y apellidos de los muchos jueces que sobreviven día a día la manipulación de políticos espúreos, que luchan en contra de la designación de los vocales del CGPJ por la clase política y abogan a favor de la libertad de los jueces para votar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y garantizar así la independencia judicial.
Asistimos a tiempos difíciles, huérfanos de referencias, de liderazgos ideológicos y de responsabildad institucional, la ciudadanía, los jueces que creemos en los principios, observamos cómo una clase política carente de valores consistentes, denigra las instituciones básica del país y los pilares de nuestro Estado de Derecho.
Las políticas de izquierda y derecha en el ámbito de la administración de justicia han tenido como objetivo socavar la independencia del Poder Judicial. Una dotación de medios materiales tercermundista, una tasa de jueces por habitante impropia de un país desarrollado, los ataques directos mediante declaraciones públicas a la labor jurisdiccional de jueces y magistrados ante resoluciones que incomodan al partido político de turno y la sucesión de reformas en aras de convertir en una falacia la separación de poderes, nos han llevado a la situación actual. La Justicia simplemente no interesaba, o peor aún si interesaba era en tanto en cuanto fuese susceptible de manipular.
No obstante en la actual legislatura y bajo el paraguas de una crisis económica, se ha pretendido dar la estocada definitiva. Si bien ninguno de los recientes ministros de Justicia pasará a la historia por su defensa de la independencia judicial, Alberto Ruiz-Gallardón pasará por convertirse en un verdugo de la separación de poderes y de algunos de los derechos esenciales de la ciudadanía.
Desahucios y tasas que limitan derechos
Se han sucedido reformas que limitan el derecho a la tutela judicial efectiva. Así la Ley de Tasas restringió el derecho de ciudadanos sin recursos a acceder en condiciones de igualdad a la defensa de sus derechos ante los órganos jurisdiccionales. Particularmente desoladora así mismo es la limitación de la Justicia Universal, que sacrificaba la defensa de derechos humanos en aras de garantizar intereses o relaciones comerciales con países que denigran los derechos y garantías universales de cualquier ciudadano.
Ciertamente llamativa resulta la inacción ante el drama de las ejecuciones hipotecarias y desahucios, con disposiciones legislativas que no adaptaban de forma adecuada los derechos reconocidos a los consumidores por las Directivas Europeas. Dando lugar a una situación inédita, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a partir del esfuerzo de jueces y magistrados planteando cuestiones prejudiciales, ha corregido de manera reiterada la contumaz falta de ética y responsabilidad del legislador en la efectiva protección de la ciudadanía.
Otras iniciativas legislativas como la Ley de Seguridad Ciudadana, o la reciente reforma del Código Penal en trámite, han sustituido libertad y derechos de la ciudadanía por razones de seguridad estatal. Pero sin duda y aparte de estas reformas, lo que más ha degradado la situación de la justicia y por ende nuestro estado de derecho, ha sido el plan estructurado para reducir la independencia del Poder Judicial, atacando de forma directa el órgano de gobierno de la judicatura. Hecho éste en el que merece hacer un análisis pausado.
El Partido Popular concurrió a las elecciones generales de 2011 con una propuesta clara: “Promoveremos la reforma del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, 12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”.
Conforme con la promesa electoral efectuada en su día, ratificada por el ministro de Justicia en su toma de posesión, el acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de Marzo de 2012 constituyó una comisión institucional (integrada entre otros por el actual Presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes) para la elaboración de un texto articulado de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El acuerdo del Consejo de Ministros expresamente indicaba que para garantizar la Independencia Judicial debía procederse a modificar el sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial, garantizando que fuesen elegidos por y entre los Jueces y Magistrados de todo el territorio nacional.
El ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón presentó un primer informe de dicha comisión en el que se establecía la modificación del sistema de elección de vocales judiciales del CGPJ, que pasarían a ser designados por los Jueces.
No obstante, la promesa electoral de la clase política y del partido gobernante no iba más allá de una mera declaración programática ajena a cualquier tipo de compromiso político con el Estado de Derecho. La promesa duró hasta que valoraron, que con una elección judicial de los vocales del CGPJ, el órgano de gobierno de la Judicatura sería un órgano autónomo ajeno a cualquier tipo de control político.
Desde el Gobierno de la Nación, se intentó presionar a los vocales judiciales del anterior Consejo General del Poder Judicial para que mantuviesen a Carlos Dívar como presidente del Tribunal Supremo, pese a los escándalos que se sucedían tras la aparición de una serie de gastos de dudosa justificación. Se alegaba que la dimisión del presidente del Tribunal Supremo provocaría una mala imagen exterior del país, en un momento en el que el Gobierno negociaba eludir un posible rescate económico a España.
La jugada política iba más allá
Sin embargo la jugada política iba mucho más allá. El Ministro Ruiz-Gallardón pretendía presentarse ante la opinión pública y ante su propio partido, como el político que regeneraba el sistema, viéndose obligado a modificar su promesa electoral ante unos jueces que mantenían en el poder a un presidente, acosado por actuaciones reprobables. De paso también se aseguraba hasta la finalización del mandato del anterior CGPJ, un presidente de perfil bajo que no pondría reparo alguno a las reformas que emprendería. Nunca hubo mayor muestra de cinismo, simplemente para traicionar una promesa electoral en la que nunca se creyó, dado que suponía dejar al margen del control partidista al Consejo General del Poder Judicial y por tanto reforzar la Independencia Judicial.
No obstante la “desobediencia” de los vocales judiciales, negándose a mantener a Dívar como Presidente, precipitó los acontecimientos. Al ministro Ruiz-Gallardón y al presidente del Gobierno Mariano Rajoy, ya no le valía siquiera el sistema de elección vigente, que establecía un primer filtro de designación por las asociaciones judiciales. Ahora necesitaban la designación directa por los partidos políticos. Y ello, aún a costa de desprestigiar el Consejo General del Poder Judicial y consagrar una nueva categoría judicial, la de jueces con “padrino político”, los únicos que tendrían opciones de alcanzar determinados cargos de la Judicatura.
Debe contextualizarse además dicho giro en el marco de un clima, en el que de manera sistemática afloran escándalos de corrupción que afectan de manera directa a los principales partidos políticos. En ese contexto, resultaba innegable la tentación política de controlar el órgano de gobierno de la Judicatura, y en particular los nombramientos de aquellos cargos judiciales con competencia juzgar a políticos aforados.
La designación pasaría a ser una decisión exclusivamente política y partidista, que no se vería sometida siquiera al filtro relativo a la terna presentada por las distintas asociaciones judiciales. Bastaría con que un juez o magistrado presentase el exiguo número de 25 avales para que pudiese ser elegido por el poder político. Se soslayaba así la STC 108/1986 que determinaba que lo más ajustado al espíritu constitucional era la elección de los vocales judiciales por y entre los jueces y magistrados de todas las categorías judiciales.
Correlativamente a lo anterior, la Comisión Institucional compuesta por 7 integrantes, entre ellos Don Carlos Lesmes Serrano, el 3 de Noviembre de 2012 procedió a modificar su informe y a emitir otro proponiendo que la designación de los vocales judiciales fuese por las Cortes Generales. Resulta evidente que el cambio de criterio de la Comisión Institucional nombrada mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de Marzo, obedecía a las instrucciones políticas del Ministro de Justicia y del Gobierno de la Nación.
Se cocinaba así una farsa institucional que se consagraría en la Ley Orgánica 4/2013 que al margen de instituir el nuevo sistema de elección, configuraba al Consejo General del Poder Judicial como una mera delegación del Ministerio de Justicia, con competencias reducidas y con un marcado cariz presidencialista, con vocales de primera (los integrantes de la Comisión Permanente) y segunda categoría (aquellos que no tendrían dedicación exclusiva).
Una falacia evidente
El desarrollo del sistema de elección parlamentaria de vocales obedeció a una evidente falacia, concurriendo tan sólo 53 candidatos de más de 5000 jueces, a alguno de los cuales se les prometió de manera falaz desde el Ministerio de Justicia que saldrían elegidos, en un intento desesperado de otorgar alguna apariencia de legitimidad y participación, a lo que no era sino una elección predeterminada.
Los 53 candidatos obtuvieron un número de avales irrisorios. La carrera judicial renegaba del sistema establecido. En unas elecciones alternativas, bajo fe notarial, organizadas por algunos jueces y magistrados, los candidatos que concurrieron superaron con creces los avales obtenidos por los candidatos que participaron en el sistema oficial.
La traición del Gobierno al Estado de Derecho y a la separación de poderes, no se perpetró en solitario. Cómplices de la ignonimia fueron gran parte de las fuerzas parlamentarias (PP, PSOE, IU, PNV y CIU). Cada una quería su parte del pastel en el Consejo General del Poder Judicial. Políticos de uno y otro signo, una vez más no estaban a la altura de las exigencias de un Estado de Derecho pleno.
La elección de los vocales se caracterizó por una evidente falta de transparencia. Los designados ni tan siquiera comparecieron ante las Cortes Generales, la elección se desarrolló a puerta cerrada y ajena a cualquier tipo de motivación, exposición de méritos de los candidatos y de las razones de la elección de unos y preterición de otros. Simplemente era “un intercambio de cromos” pactado entre los líderes políticos.
En algunos casos incluso se circunscribió a un ejercicio de nepotismo o apadrinazgo político, siendo elegidos diputados de las propias fuerzas políticas en la anterior legislatura, vocales con vínculos matrimoniales con cargos políticos en determinadas comunidades autónomas, con el anterior Fiscal General del Estado durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero o apadrinados por el actual Secretario General de la Administración de Justicia.
Herido de muerte
El nuevo Consejo General del Poder Judicial nacía ya herido de muerte, considerado como un cuerpo extraño por la carrera judicial, con una designación fundamentada en un gran consenso que no era sino una gran farsa política consensuada y una elección predeterminada.
Y ese mismo Consejo General del Poder Judicial, ahondó más su herida cuando designa como presidente a Don Carlos Lesmes Serrano, justo el anunciado previamente por los partidos políticos como nuevo Presidente. Los antecedentes suscitaban serias dudas en este punto concreto, sobre la autonomía de los vocales del CGPJ para proponer a los candidatos a Presidente y para efectuar la designación del mismo.
No resulta creíble que los recién designados vocales sólo encontrasen dos candidatos adecuados (Carlos Lesmes y Pilar Teso) para proponer como Presidente del Tribunal Supremo, ni que ningún otro Magistrado del Tribunal Supremo tuviese interés en ser Presidente.
El desarrollo de éste Consejo General del Poder Judicial, disminuido en sus competencias, pese a que se ha tratado de incidir en la transparencia de su actuación, ha adolecido de falta de la misma en alguna de sus actuaciones. Dos recientes informes del Observatorio de nombramientos de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial resaltaban de manera clara la dudosa elección de determinados cargos judiciales por el actual Consejo General del Poder Judicial.
Así con carácter ejemplificativo, las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón y de Navarra, fueron cubiertas por los candidatos con menos méritos objetivos verificables de los que concurrían. En el caso de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, según la base quinta de la convocatoria de la plaza (BOE 09/04/14), se ponderarían, entre otros, el tiempo de servicio en órganos colegiados. El candidato elegido carecía de experiencia alguna en ellos mientras que los restantes cinco candidatos tenían entre 9 y 17 años de antigüedad. En el caso de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, concurriendo dos candidatos, el candidato no elegido tiene 11 años más de experiencia en la carrera judicial y 21 años más de experiencia en órgano colegiado que el finalmente designado. Siendo dichos méritos los únicos objetivamente verificables.
Ciertamente criticable resulta la gestión del CGPJ en relación a la cobertura de plazas judiciales a través de los sucesivos concursos. La manifiesta falta de previsión y organización en la convocatoria de plazas, la falta de transparencia en cuanto a la no renovación de la comisión de servicio del magistrado Pablo Ruz en la Audiencia Nacional previo sorprendente anuncio por el ministerio de Justicia que la plaza ocupada saldría a concurso y los sucesivos aplazamientos en cuanto a la convocatoria de ascensos en la carrera judicial, han llevado a oscurecer la transparencia prometida y a menoscabar la actuación autónoma del CGPJ.
Presidencialismo
Asistimos por otro lado a la transformación del Consejo General del Poder Judicial en un órgano marcadamente presidencialista, donde el grueso de la política judicial es decidida por un número reducido de vocales que integran la comisión permanente y particularmente por su Presidente. La reciente falta de renovación de la comisión permanente del Consejo o la convocatoria de un concurso oposición para designar un cuerpo de letrados permanente al servicio del CGPJ, que cocinará la política judicial a gusto del Presidente, ha ahondado más en el desprestigio de la institución.
El actual presidente del Tribunal Supremo ante determinados ataques a la labor independiente de jueces y magistrados, en ningún momento ha hecho gala de responsabilidad y determinación en la defensa de la Independencia Judicial. Así ante los escritos promovidos por magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo ante valoraciones y presiones del ministro del Interior, les emplazó a solicitar amparo ante el CGPJ eludiendo cualquier tipo de actuación al respecto. Igualmente ante la solicitud de amparo de magistrados de la Audiencia Nacional ante determinadas críticas procedentes del Gobierno de la Nación, no promovió el amparo solicitado, y el CGPJ se refugió en la consideración de que el ataque a la independencia judicial, la perturbación de la función jurisdiccional no se había producido porque las resoluciones judiciales ya habían sido dictadas. Confunde así el presidente del Tribunal Supremo y los vocales que denegaron el amparo, la responsabilidad institucional con lo que no es sino una mera dejación de funciones en la defensa de la independencia judicial en aras de otros intereses.
Malestar continuo
En lo que respecta al pulso a la carrera judicial, se denota un malestar continuo de los jueces y magistrados, que con esfuerzo y sacrificio personal suplen de manera vocacional las carencias que los responsables políticos infligen a la administración de justicia. Siendo esos jueces a la par víctimas de diversos ataques a través de declaraciones de prensa y presiones encubiertas, por el simple ejercicio independiente de su jurisdicción cuando asumen causas de repercusión mediática.
La actuación de las asociaciones judiciales ha sido diversa. Si en un primer momento, se constituyó una Comisión Interasociativa de Conflicto que reunía a las cuatro asociaciones judiciales, y que se oponía de manera frontal a las reformas que menoscababan la independencia judicial, promoviendo una postura de firmeza ante los ataques emprendidos por la clase política; Posteriormente la Asociación Profesional de la Magistratura, con fuertes divergencias entre sus asociados, se desmarcó de dicha línea de actuación.
El cambio vino motivado por la creencia errónea de determinados sectores de la asociación de que una postura conciliadora con unos responsables políticos que despreciaban la independencia judicial, redundaría en una mayor influencia de la asociación en las reformas en trámite. Nada más lejos de la realidad, la estrategia condujo a la asociación a la irrelevancia, consiguiendo únicamente avances menores que en modo alguno paliaban los ataques a la independencia judicial que se habían puesto en marcha. El resultado deja a una asociación mayoritaria en tierra de nadie, con dos almas dividida entre sus asociados, con una manifiesta pérdida de influencia política a la par que una evidente debilidad en la defensa firme de la independencia judicial con actuaciones concretas. Ahora más que nunca, se hace necesario un cambio en el devenir de dicha asociación judicial y una renovación de su comité ejecutivo.
Sí resultan valorables determinadas actuaciones emprendidas por otras asociaciones judiciales con la presentación de recursos ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Constitucional frente al sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, o la oposición firme a reformas e iniciativas que menoscaban la independencia del poder judicial.
Igualmente valorables son las actuaciones emprendidas por otros colectivos como la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, compuesta por jueces, magistrados, fiscales, juristas y ciudadanos que han puesto en marcha diversas iniciativas para trasladar a la opinión pública la relevancia de la pérdida de garantías en nuestro Estado de Derecho. Desde la presentación de una queja formal ante Naciones Unidas en relación a la reforma del CGPJ, posteriormente secundada por tres asociaciones judiciales, hasta la creación del Observatorio de Nombramientos Judiciales del CGPJ o la creación de proyectos universitarios como torneos de debate o conferencias para concienciar a la ciudadanía y a los futuros juristas de la precaria situación de la justicia española.
Guerra larvada y silenciosa
En esa guerra larvada y silenciosa, seguimos moviéndonos con una Justicia herida de muerte, que no obstante sobrevive por el trabajo incansable e independiente de la mayoría de jueces y magistrados que ajenos a cualquier tipo de interés personal, alejados de las influencias políticas y sometidos a las carencias materiales y estructurales que asolan a nuestra justicia, protegen los derechos y garantías que determinados políticos pretenden arrebatar a la ciudadanía.
Se hace necesaria una reforma del Consejo General del Poder Judicial que permita la elección de sus miembros por y entre los jueces de todas las categorías judiciales, que dote al Consejo de plena autonomía presupuestaria y competencias en todo lo que afecte a la política judicial y a la organización de la Judicatura, ajeno a cualquier injerencia política.
Urge una mayor inversión de justicia que dote a los Juzgados de medios materiales y personales suficientes, la creación de órganos especializados en materias complejas, el incremento de la planta judicial, una apuesta firme por la especialización en jurisdicciones y en tipologías delictivas, la derogación de la ley de tasas en aras de garantizar la tutela judicial efectiva, una reforma en profundidad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Urge en definitiva una reforma en profundidad de la Administración de Justicia, tomando como bandera la Independencia Judicial.
No resulta incompatible con el ejercicio independiente de la función jurisdiccional, la oposición firme, mediante actuaciones concretas y manifestaciones públicas, a reformas que menoscaban las bases esenciales de nuestro estado de derecho. Es hora de que la judicatura asuma en pleno que nos encontramos ante una evidente degradación de nuestro estado de derecho, y que la defensa activa de la independencia judicial no es sino nuestra propia reafirmación como Poder Judicial autónomo, independiente y ajeno a cualquier influencia política. No es sino, ser fiel y coherente con el juramento que realizamos en su día.
Luchar por un ideal
Hay veces en la vida, que hay ideales por los que merece la pena luchar y los juristas, la ciudadanía debemos tenerlo presente, hoy más que nunca. Quizás no haya ideal más noble que defender nuestro Estado de Derecho ante la manipulación de unos pocos, porque quizás en éste minuto del partido, sobrevivir, soñar, resistir cuando el respirar es una hazaña terminará convirtiéndote en un héroe y a la Justicia Independiente en una realidad efectiva.
El sueño y las esperanzas de esos futuros juristas como Berta, como Jaime, José, Albert, Cipriá o Álvaro y como tantos otros que sueñan con un país distinto, con un estado de derecho pleno hace merecer la pena cualquier riesgo, sacrificio y esfuerzo que haya que asumir. A veces, sólo depende de una persona, que las cosas cambien, a veces como en la más hermosa historia de amor, todo empieza y todo acaba en cada uno de nosotros. Es hora de transformar el Poder Judicial y garantizar nuestro Estado de Derecho. España y sus ciudadanos lo merecen.