La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial presentó ante la Organización de las Naciones Unidas este cinco de enero de 2014 una denuncia relativa a la politización de la Justicia española.

Dado que, al ser muy completa, redacción resultaba algo extensa, adjuntamos ahora un resumen que recoje en pocas palabras los aspectos esenciales de la queja.

Este es su texto:

         El respeto a los derechos humanos en cualquier sociedad democrática exige la existencia de una Justicia independiente del poder político. En España, sin embargo, los recientes ataques a la separación de poderes están poniendo en peligro el Estado de Derecho y, con él los mismos derechos de los ciudadanos. Tan grave es la situación que se hace urgente poner los hechos en conocimiento de Naciones Unidas, a fin de que se adopten las medidas necesarias para restablecer las mínimas garantías en materia jurisdiccional.

          Con tal propósito la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) Ha interpuesto una denuncia a la relatora especial de la ONU, doña Gabriel Knaul, cuyas líneas esenciales se sintetizan en este documento distribuido a la opinión pública. Dicha Plataforma es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, profesores universitarios, notarios, y numerosos ciudadanos de todas las profesiones preocupados por el progresivo deterioro de la Justicia española.

          La PCIJ ha informado a Naciones Unidas del actual clima de desconfianza ciudadana ante la extendida corrupción que afecta a la clase política, muchos de cuyos miembros están incursos en procedimientos judiciales para reclamarles responsabilidades de toda índole. En este contexto el poder político ha reaccionado aumentando los mecanismos de control sobre los tribunales adoptando medidas como las siguientes:

          La reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (2013), en cuya virtud el órgano de gobierno de los jueces es designado en su totalidad por los grupos parlamentarios. Los miembros de este órgano  (Consejo General del Poder Judicial- CGPJ) han sido escogido como consecuencia del acuerdo de los partidos políticos mayoritarios entre candidatos fuertemente vinculados a sus centros de interés. Los jueces, en cambio, ya desde el año 1985 han sido privados del derecho a votar a ningún representante propio en dicho consejo. La actual reforma se hace incumpliendo el programa electoral, pues el partido gobernante había prometido retornar a un sistema en que los miembros del Poder Judicial recobraran el derecho a elegir, al menos, a algunos de sus gobernantes. La actual regulación contravine los informes del relator de NNUU del año 2009 y del Comité Consultivo de Jueces del Consejo de Europa.

          El referido Consejo está llamado, en teoría, a proteger a los jueces de las injerencias del poder político y, de este modo, garantizar a los ciudadanos su derecho constitucional a una justicia independiente. Pese a ello, su composición depende de los mismos partidos políticos frente a los que debería ser garante. También le están encomendadas, entre otras atribuciones, el nombramiento de altos cargos judiciales, la exigencia de responsabilidad disciplinaria a los integrantes de la judicatura, así como la promoción y ascensos judiciales. El resultado es que estas materias, directa o indirectamente, están mediatizadas en España por el poder político. Es más, no existen reglas que permitan asegurar suficientemente que los cargos judiciales sean elegidos con arreglo a los criterios de mérito y capacidad, con lo que siempre permanece la sospecha de que la razón última sea la afinidad política. Este riesgo se ve agravado por la ausencia de procedimientos objetivos para la prórroga de las comisiones de servicio e incluso por la utilización de jueces en prácticas para ejercer la jurisdicción cuando todavía están siendo evaluados por la Escuela Judicial y pendientes de los informes sus respectivos presidentes de Tribunales Superiores de Justicia.

          Por otro lado, y en lo que respecta a la responsabilidad personal, los jueces se hallan en una situación de inseguridad que los convierte en especialmente vulnerables frente a las injerencias, especialmente en casos de corrupción que afecten al poder político. Así, están sometidos los magistrados españoles a un severo régimen de responsabilidad, al castigarse criminalmente la prevaricación culposa, es decir, los errores no maliciosos en la aplicación de la Ley. Además, deben responder del correcto funcionamiento de una oficina judicial sobre la que carecen de facultades directivas y organizativas, pues la jefatura de las plantillas de los juzgados ha sido encomendada a un cuerpo de secretarios judiciales jerárquicamente subordinado al Ministerio de Justicia u órgano regional equivalente. En esta misma línea, es ese mismo poder político el encargado de suministrar de recursos económicos a los tribunales, por lo que la penuria de medios corre el riesgo en derivar en impunidad. La sobrecarga de trabajo de los jueces españoles es abrumadora, al estar su número muy por debajo de la media europea. Todo ello se ve agravado por la falta de mecanismos de protección adecuados para desempeñar sin perturbaciones su labor, pues que es el mismo CGPJ el encargardo de prestarles amparo ante los ataques externos merced a un procedimiento ineficaz que, en la práctica, ha caído casi en desuso. Por último, muchos jueces españoles sufren el acoso verbal y hasta físico de individuos o colectivos que pretenden influir en sus decisiones, sin que se haya articulado un plan de protección para preservar un mínimo de tranquilidad anímica o incluso de seguridad personal en la arriesgada tarea de impartir justicia.

          Ante semejantes deficiencias estructurales se advierte en el poder político una reacción defensiva que, lejos de corregirlas, multiplica los instrumentos de control sobre la Administración de Justicia. Muestra de ello es el anteproyecto de ley de Planta Judicial, el cual impone a los jueces unos Presidentes de Tribunales de Instancia elegidos por ese mismo Consejo designado por los grupos parlamentarios; es más, suprime los jueces decanos, portavoces democráticos nombrados en votación libre dentro de su respectivo territorio judicial, con lo que se priva a la judicatura española de su más directo cauce de representación. Del mismo modo, el CGPJ y la Fiscalía acaban de firmar un convenio para coordinarse en la inspección de los tribunales, con lo que se abren nuevas vías de intromisión sobre la actividad jurisdiccional. En España los fiscales no son independientes, sino que dependen jerárquicamente de una jefatura designada por el Poder Ejecutivo. También existen borradores normativos para atribuir la investigación criminal al Ministerio Fiscal, con lo que la averiguación del delito, a la postre, quedaría influida por una clase política a menudo inmiscuida en asuntos de corrupción. A través de un circuito más o menos explícito investigador e investigado quedarían conectador por el poder político.

          Todas estas circunstancias (que se amplían y detallan en la presente denuncia) amenazan el respeto a los derechos humanos en el Reino de España, al verse comprometida la garantía de sus ciudadanos a contar con tribunales de justicia independientes del poder político. En consecuencia, comprobado el fracaso de los mecanismos de control internos, se hace inaplazable la intervención de una autoridad internacional.