Juan Gonzalo Ospina Serrano, abogado y miembro de la Plataforma, reflexiona a la luz de la historia acerca de la necesidad de separar el poder politico y el judicial: la defensa de la libertad.
UN ÁRBITRO VESTIDO DE NEGRO Y NO DEL COLOR GANADOR
“El Rey no puede crear o eliminar leyes o impuestos sin la aprobación del Parlamento”, 1.689, primera declaración del Bill of Rights. El pueblo inglés restringió el ilimitado poder del monarca al comprender que nada ni nadie podría ser todopoderoso. John Locke entre otros entendió la necesidad de limitar al poder ejecutivo y equilibrarlo con el legislativo.
En 1.748, Montesquieu publica “El espíritu de las leyes”. Poco tiempo después, en 1.787, nace la constitución de los E.E.U.U., lo que fue determinante en la revolución francesa de 1.789. Cada uno de los acontecimientos reflejaba la necesidad de establecer una división de poderes para crear una sociedad más justa y libre. Nadie, ningún ciudadano, político o campesino, podría quedar por encima de la ley, limitando así la arbitrariedad de cualquier poder público o privado. Hace ya más de 200 años que los ciudadanos entendieron que la única forma de ser libre sería con el equilibrio de los tres poderes, ¿por qué en España no podemos gozar de referida independencia?, somos menos merecedores de la Justicia y de la Libertad.
Con un ejecutivo que controla la judicatura se pervierte la esencia de nuestro ordenamiento, quedando éste impune e inmune a sus propios errores. Ésta es la triste situación de nuestra España, dónde grandes Jueces independientes, férreos defensores de la legalidad, ven manchada su profesión por la clase política, la nueva aristocracia del S.XXI, para la cual el ciudadano sirve. Se controla y dirige al árbitro que en lugar de ir vestido de negro se viste con los colores del equipo ganador para decantar la balanza a su favor.
Debemos de ser implacables en nuestra defensa de la democracia, si no ponemos veda a la intoxicación política del Poder Judicial nuestro ordenamiento y por ende nuestra libertad se verán condicionadas a ser de uno u otro equipo. Si el poder ejecutivo controla al judicial, la imparcialidad y la legalidad se terminarán perdiendo, acabaremos viviendo en mundo a merced de la arbitrariedad del más fuerte. Defendamos las reglas del juego que debe de ser administrado por una Justicia independiente, un árbitro vestido de negro y no del color ganador, sin que nada ni nadie quede por encima de la ley, pues querido lector, “Sin independencia no hay Justicia, y sin Justicia no hay libertad”.
Juan Gonzalo Ospina Serrano
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas
Abogado del despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero