Congelación plazas judiciales

 

Ante las noticias divulgadas en ciertos medios y no desmentidas oficialmente acerca del presunto propósito del gobierno de no convocar oposiciones a la carrera judicial dentro del presente año y reducir a tan sólo 20 plazas las del año 2013, la PLATAFORMA CÍVICA POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL quiere hacer llegar a la opinión pública lo siguiente:

Que somos plenamente conscientes de que la grave situación económica que atraviesa nuestro país exige introducir sustanciales recortes en el gasto público, pero también lo somos de que estos no pueden hacerse de forma indiscriminada y, menos aún, afectar a las áreas más básicas y esenciales de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho de no haber agotado antes hasta la extenuación otras materias de muy inferior relevancia o en las que, incluso, el gasto público se haya evidenciado superfluo.

 Porque, en efecto, sin un adecuado nivel de sanidad y de educación, España dejaría de ser un Estado Social, pero sin una justicia mínimamente efectiva dejaría de ser Estado de Derecho pues, no en vano, la Justicia constituye su columna vertebral en cuanto que está llamada constitucionalmente a garantizar los derechos de todos los ciudadanos y el imperio de la ley. Por ello, de confirmarse las noticias, los efectos para la pervivencia de nuestro sistema democrático serían de una gravedad extrema, habida cuenta que el estado de postración y penuria de medios que viene arrastrando nuestra administración de justicia cuando los tiempos eran aun de bonanza.

Como ya denunciaron 1500 jueces hace dos años, mientras que la media europea de jueces es de 20/100.000 habitantes, la nuestra es inferior a esa mitad, con lo que una congelación de plazas judiciales como la rumoreada, además de que no comportaría ahorro significativo alguno (pues el Estado tendría que seguir pagando al enorme número de jueces interinos que todavía existen), dejaría a nuestro país en la cola europea en materia de justicia y con unos niveles de calidad, sobresaturación y retraso en la resolución de los conflictos y pretensiones ciudadanas hasta ahora desconocidos e inimaginables.

             Por todo ello, la PLATAFORMA CÍVICA POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL espera y desea un rotundo desmentido oficial a esas informaciones.

 

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