El Gobierno de la Nación acaba de anunciar que acometerá las reformas legales necesarias para que la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial dejé de de depender por entero de los partidos políticos, tal como sucede en la actualidad. Se recuperará, según parece, el modelo anterior a 1985, cuando doce de sus veinte miembros eran escogidos por los propios jueces. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial se ha congratulado en una nota de prensa.

Ahora bien, la Plataforma insiste en que sus objetivos van más allá de un mero ajuste cosmético. Si queremos que una genuina democratización, es menester atender algunos puntos esenciales, a saber:

1) Establecimiento de un sistema de votación un hombre/ un voto: libre, universal, igual, directo y secreto.

2) Criterios de representación proporcional para evitar monopolios corporativos.

3) Extensión de la democratización a todos los órganos de gobierno de la judicatura, no sólo el Consejo, sino también presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales.

He aquí los aspectos cruciales donde se comprobará si la voluntad de reforma es real. La Plataforma no pretende reemplazar el corporativismo de los partidos por el de los magistrados, sino instaurar una verdadera democracia judicial que ponga fin al humillante sainete de un Consejo que tiene la osadía de tachar de “clichés” y “bulos” las críticas que denuncian su sumisión al poder político.

Estamos, pues, a la expectativa.